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martes | 16 abril | 2024
La demolición de las naves de O Ramal correrá a cargo de Puerto y Concello. Ambas administraciones se repartirán los gastos, a cambio de que la rada le ceda a Ravella 11.500 metros cuadrados de la superficie del muelle. El resto será utilizada por la entidad estatal para construir la estación marítima y el centro de recepción de pasajeros de cruceros turísticos.
Así se recoge en el acuerdo entre ambas entidades que se debatirá en el Pleno de este mes y que incluye la compra la compra de la parcela más próxima a la rotonda de O Ramal. Una superficie de 6.830 metros cuadrados por la que las arcas municipales pagarán 1.886.120 euros.
La cantidad se sacará del remanente del Presupuesto de 2020, lo que exige una modificación de crédito que será, precisamente, lo que se debatirá en la sesión ordinaria de septiembre. Cuenta con un informe favorable de Intervención que, sin embargo, incide en los costes que podría suponer la operación.
El gobierno que preside el socialista Alberto Varela defiende que, además de que la compra de la parcela permitirá crear un corredor verde para unir el Miguel Hernández con la playa de A Concha, el acuerdo también incluye “a liberalización, para uso público, de todo o peirao do Ramal, unha das reivindicacións históricas de Vilagarcía para recuperar este privilexiado e estratéxico tramo da fachada litoral encardinada no entramado urbano”.
Ravella también incide en la otra parte del acuerdo, la que permitirá la construcción de un centro de salud en los terrenos de la antigua Comandancia. Para ello, será necesario otro desembolso: Las arcas municipales asumirán el pago de 1.157.406 euros por un solar de casi 5.000 metros cuadrados, que se pondrá a disposición de la Consellería da Sanidade. Una operación cuya tramitación, advierten fuentes municipales, será “máis longa que a do Ramal”, ya que es necesario, antes desafectar los terrenos, para lo cual será necesario los informes y la autorización del Ministerio. Mientras tanto, el Concello gestionará la parcela como una concesión administrativa mediante el pago de un canon. El ejecutivo defiende que estos acuerdos, que Varela define como “históricos”, llegan tras una intensa negociación y atienden al “interese xeral”.
