Piden 11 años de prisión para un acusado de abusar de su hija con discapacidad cuando era menor

La Fiscalía pide 11 años de prisión para un vecino de O Barbanza acusado de abusar durante cuatro años de una hija que padece una discapacidad intelectual cuando era menor de edad. También que se le prive de la patria potestad. El juicio se celebrará los días 17 y 18 a puerta cerrada en la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, en Santiago.

Según el escrito de acusación, la víctima vivió con sus abuelos maternos hasta los 12 años y luego pasó a estar con sus padres. El progenitor, “aprovechando” que la madre trabajaba por las tardes, que él no tenía ocupación y que la niña no iba a clase la “obligaba habitualmente” a visionar películas de contenido pornográfico y le realizaba tocamientos en sus partes íntimas e incluso le introducía parte del pene y eyaculaba sobre ella, excusándose en que era “para medirle la temperatura y curarle el dolor de barriga”.

En está época, la menor, con una “minusvalía psíquica reconocida del 36 %”, sufría pesadillas “constantemente con su padre y de retraimiento y aislamiento con relación a los niños de su edad”, según defiende el Ministerio Público. Esto sucedió entre sus 12 y 16 años y el último episodio tuvo lugar días antes de la pérdida de la custodia por parte de los padres, en 2016, y la entrega de la menor a una tía materna de manera provisional.

El Fiscal acusa así al padre de un delito continuado de abusos sexuales, por lo que pide una condena de 11 años de prisión, así como la retirada de la patria potestad o la inhabilitación especial para el ejercicio de la misma y de la guardia y custodia por un periodo de seis años. También requiere la prohibición de que se acerque a la joven a no menos de 300 menos y que no pueda comunicarse con ella en 10 años, así como una indemnización por daños morales de 30.000 euros que reciba su representante legal.

Como pruebas, el defensor público pide la reproducción del vídeo de exploración a la víctima y que comparezca por video conferencia y asistida por un técnico del Imelga. Así lo recomienda un informe de este mismo organismo “dado que el grado de victimización secundaria podría ser especialmente intenso” y puede causarle “grave daño psicológico”. El caso procede de los juzgados de instrucción de Ribeira.