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miércoles | 24 abril | 2024
El estado de salud de Ángel Martínez Pérez, más conocido como “Lito”, es de nuevo la causa de retrasos en los procedimientos judiciales pendientes contra él. El empresario, al que denominan “el rey de las orquestas”, está acusado de defraudación tributaria.
Fuentes judiciales explicaron que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidió suspender la vista, prevista para el jueves, debido a que el acusado remitió un “informe forense conforme no está en condiciones de asistir”. La fecha para el nuevo juicio todavía no está fijada y, en su lugar, se celebrará una vista por un delito contra la salud pública.
En esta ocasión, “Lito” está macusado de impago de impuestos a título particular. En su escrito de acusación, el Ministerio Público recoge que el procesado es el “artífice y el responsable de la creación de un conjunto de empresas con una facturación anual aproximada de 25 millones de euros que opera en el sector de las actividades de producción musical y de representación artística”. Entre las cifras declaradas y la facturación real entre 2009 y 2012 habría una diferencia de entorno a 92 millones de euros, según el fiscal.
Además, el Ministerio Público relata en su escrito que Martínez no efectuó ingresos por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas “por valor de 1,9 millones de euros” durante cuatro años. Asimismo, cifra la cantidad no abonada por el IVA por los rendimientos de las actividades económicas de las orquestas que eran de su propiedad exclusiva en 1,8 millones de euros (entre 2010 y 2012).
Por último, la cantidad que Fiscalía señala como “no ingresada” por el “rey de las orquestas” en concepto de Retenciones a Cuenta del IRPF por los rendimientos de trabajo personal y de actividades profesionales ascendió a 636.000 euros.
La Fiscalía considera al acusad autor de diez delitos fiscales, entre ellos dos agravados por el valor de la defraudación. Por ello, pide que Martínez Pérez sea condenado a penas que suman 35 años de prisión y que abone una multa de trece millones de euros, así como que se le imponga la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 34 años.
