9º-15º
viernes | 26 abril | 2024
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá el próximo día 23 el juicio contra un ribeirense, S.A.S., acusado de tráfico de drogas para el que la Fiscalía pide cinco años de prisión y una multa de 190.000 euros por un presunto delito contra la salud pública.
Los hechos sucedieron en marzo de 2016, cuando la Policía Nacional de Ribeira interceptó el vehículo del acusado en la calle Manuel Murguía, ante la sospecha de que en el interior del mismo se portaba droga con la intención de distribuirla en la zona.
El conductor del automóvil era S.A.S., mayor de edad y sin antecedentes penales, en cuyo poder los agentes hallaron 80 bolsitas termoselladas de heroína, con un peso de 17 gramos, 91 de cocaína, con un peso de 18,5 gramos, papeles con anotaciones y dos móviles, efectos todos ellos destinados al tráfico ilícito, tal y como señala el escrito de la Fiscalía.
Registro de sus viviendas
Posteriormente, los agentes tuvieron acceso a registrar dos viviendas del acusado. En la primera, ubicada en Aguiño, se encontraron 192 dosis de cocaína en embalajes análogos a los de las halladas en el vehículo, de 0,2 gramos cada uno (38,5 gramos en total), además de 579 dosis de heroína, en bolsitas del mismo peso que las anteriores (120 gramos en total), una piedra de cocaína de 105 gramos, 5,5 gramos de hachís y 1,750 gramos de marihuana, así como 800 de sustancia destinada al corte de la droga, dos básculas de precisión, una prensa, una libreta con anotaciones y la cantidad de 8.455 euros.
En la otra vivienda registrada del acusado, sita en Ribeira, fue hallada una plantación de 311 plantas de marihuana, además de todos los elementos y mecanismos necesarios para el mantenimiento de este cultivo.
En su escrito, la Fiscalía apunta que el valor de la droga en el mercado sería de 88.560,584 euros en forma de gramos y de 110.771,56 euros en forma de dosis.
El Ministerio Público considera que corresponde imponer al acusado una pena de 5 años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y 190.000 euros de multa con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del código penal, además de las costas.
