España avanza hacia el fin de una década de control por parte de Bruselas, aunque seguirá vigilada

España avanza hacia el fin de una década de control por parte de Bruselas, aunque seguirá vigilada
Pedro Sánchez y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker | efe


Este año será probablemente el último en que España se encuentre bajo el procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea, en el que está desde 2009, cuando su déficit público superó el 3 por ciento del PIB, y que implica un control estrecho de las cuentas públicas con el objetivo de reconducirlas hacia la estabilidad.

España será así el último país en abandonar el procedimiento después de la crisis, una vez que se confirmen los datos de déficit de este año –que según el Gobierno será un 2,7 por ciento del PIB– y se logre el visto bueno de las instituciones europeas, probablemente en los meses de junio o julio del próximo ejercicio.

Desequilibrios
A partir de ese momento, España entrará en el brazo preventivo, en el que operan una serie de reglas para garantizar que se sigue avanzando hacia la estabilidad presupuestaria sin volver a caer en los desequilibrios del pasado, sobre todo no rebasar de nuevo un déficit del 3% del PIB.

En primer lugar, Bruselas vigila los objetivos presupuestarios a medio plazo (MTOs, por sus siglas en inglés) o desequilibrio estructural –es decir, una vez descontado el efecto del ciclo económico–, una meta que España fija en cero.

Para asegurar el avance hacia ese objetivo, la Comisión Europea establece el ajuste que tiene que hacerse cada año, que se formula a mediados del año anterior.

En el caso de España, el ajuste estructural que tiene que realizar en 2019 –cuando ya habrá abandonado el PDE– es del 0,65% del PIB, una cifra más estricta que el 0,5% que la Comisión establece de manera genérica para todos los países. En el plan presupuestario remitido a Bruselas, el Gobierno ha comunicado que el próximo año realizará un ajuste estructural del 0,4 por ciento del PIB, un esfuerzo que está por debajo del apuntado por la Comisión, pero dentro de los márgenes de desvío permitidos, que son del 0,5% en un año o del 0,25% en dos.

En segundo lugar, la Comisión establece una regla de gasto o tasa máxima de crecimiento del gasto computable, por la que el gasto público –sin tener en cuenta los intereses de la deuda, las prestaciones de desempleo ni las inversiones cofinanciadas con fondos europeos– no puede aumentar por encima de una determinada referencia. El borrador de plan presupuestario explica que el gasto nominal neto computable crecerá en 2019 en un 1,7 por ciento, una cifra que está por debajo del crecimiento potencial de la economía española a medio plazo, que es del 3%. Esta regla de gasto europea no coincide exactamente con la regla de gasto española, que se aplica a cada administración en cada período, sino que afecta al conjunto de las administraciones públicas y pretende evitar que se aumente el gasto por encima del crecimiento de la economía del país.

En cuanto a la deuda, existe una regla de deuda europea para que esta converja al 60 por ciento del PIB –la española se encuentra en estos momentos por encima del 97 por ciento del PIB– aunque España disfrutará durante tres años de un régimen transitorio en el que se le exigirá reducir el ratio de endeudamiento aunque de forma más flexible.

España avanza hacia el fin de una década de control por parte de Bruselas, aunque seguirá vigilada

Te puede interesar