martes 31.03.2020

UGT planteará fijar en los convenios un salario mínimo de 1.000 euros

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avanzó que para el próximo acuerdo de negociación colectiva, que debería abrirse en septiembre, el sindicato va a proponer a la patronal que a partir de 2018 el salario mínimo contemplado

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez | zipi (efe)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez | zipi (efe)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avanzó que para el próximo acuerdo de negociación colectiva, que debería abrirse en septiembre, el sindicato va a proponer a la patronal que a partir de 2018 el salario mínimo contemplado en los convenios colectivos sea de 1.000 euros.

Una vez rota sin acuerdo la negociación para una subida salarial de referencia para el año 2017, Álvarez mira ya a la negociación del próximo año, para la que se plantea como objetivo que “todos los trabajadores bajo convenio colectivo alcancen los 1.000 euros”. Los sindicatos, que achacan a la patronal la falta de acuerdo para 2017, consideran que la negociación colectiva se enfrenta a un otoño difícil, si bien UGT ya prepara una campaña de información en defensa de la recuperación salarial.

En opinión de Álvarez, la propuesta de que ningún convenio contemple sueldos inferiores a 1.000 euros daría “un cierto golpe a las empresas de servicios integrales que están reventando el mercado de trabajo y dañando las condiciones laborales de los empleados”, de forma que se atajaría la situación de precariedad que sufren algunos colectivos como el de los jóvenes.

Demanda interna

Desde el punto de vista económico, considera que “sería extraordinariamente positivo porque habría recursos en manos de personas que los van a consumir”, lo que incrementaría la demanda interna y crearía empleo.

“Sería dar un cierto carpetazo a la crisis”, dijo Álvarez, que cree que no debería encontrar oposición a esta medida en la patronal, puesto que “ya reconoció que con 800 euros no se vive” y porque las empresas “están en momentos de beneficios importantes” que han de ser redistribuidos. Explicó que esta propuesta también afectaría a las administraciones públicas, “que no deben olvidarse” de que los servicios que prestan a los ciudadanos empresas a las que subcontratan “van a cuenta de los salarios de esos trabajadores”.

Respecto al acuerdo salarial fallido para 2017, achaca parte del problema al modelo de negociación, en el que prácticamente solo han participado presidentes y secretarios generales, quienes, habitualmente en estas negociaciones, únicamente aparecen para desatascar algún punto.

Aseguró que la posición común de los sindicatos en esta negociación nunca ha peligrado, pese a que ha habido discrepancias a lo largo del camino, y destacó que la unidad de acción permitió establecer un suelo en la banda salarial a negociar cuando la CEOE partía de cero.

De cara al próximo curso, UGT se plantea como objetivo poner en el centro del debate político la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida junto con CCOO para la adopción de una renta mínima, cuya paralización en el Congreso considera “una vergüenza”.

Asimismo, afirmó que el sindicato no se va a mover del compromiso asumido con los trabajadores para la derogación de la reforma laboral, ni del contraído con los pensionistas para que las pensiones se vuelvan a revalorizar de forma automática conforme a la evolución de la inflación y no de acuerdo a un índice que solo garantiza una revalorización mínima del 0,25%.

En este sentido, recordó que el factor de sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones del PP, que a partir de 2019 ligará el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida, supone una “interpretación unilateral” del acuerdo social que permitió la reforma del sistema en 2011, por lo que también debe ser modificado. Por ello, espera que las conclusiones que salgan en los próximos meses de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso no terminen siendo un “brindis al sol” y posibiliten el acuerdo con los agentes sociales para dar mayores garantías al sistema de pensiones.

Este debate, según el líder de UGT, también tiene que contemplar la situación de los parados de larga duración mayores de 50 años, “a los que el país está timando” porque se van a jubilar con una bajada de la pensión que va a llegar al 40%.

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