miércoles 30/9/20

El Gobierno exige un plan de viabilidad a las empresas que pidan un rescate

La ayuda mínima que se puede solicitar son 25 millones de euros, salvo en casos justificados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa | BORJA PUIG
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa | BORJA PUIG

El Gobierno avanzó ayer que cualquier empresa que solicite apoyo del fondo de rescate dotado con 10.000 millones tendrá que presentar desde un primer momento un plan con su previsión sobre cuándo devolverá la ayuda pública, según explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Cualquier empresa considerada estratégica puede optar a las ayudas del fondo si su solvencia se vio deteriorada por la crisis de la pandemia del coronavirus pero tendrá que solicitarlo de manera formal por escrito y justificar que sin esta ayuda cesaría actividad o tendría serias dificultades para mantenerse a flote.

La ayuda mínima que una empresa puede solicitar son 25 millones de euros, salvo casos acreditados y justificados, mientras que la cantidad máxima será la que se considere imprescindible para reforzar la solvencia, pero en ningún caso una cuantía que supere el patrimonio de la compañía a cierre de 2019.

Además, la empresa tendrá que tener su sede social en España y el grueso de su actividad en el país, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de no haber entrado en situación de crisis antes de 2020 o estar condenada por delitos económicos como malversación de caudales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también titular de Hacienda advirtió de que cualquier empresa que pida ayuda al fondo de rescate tendrá que restricciones para no llevar a cabo un política comercial agresiva o asumir riesgos.

Igualmente, tampoco podrá distribuir dividendos entre sus accionistas y sus directivos ni podrán cobrar “bonus” ni ninguna retribución variable.

El fondo permite que el Estado entre de forma transitoria en el capital de empresas viables con problemas de solvencia tras la pandemia, aunque no es estrictamente necesario y el apoyo llegará mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que las propias empresas lo soliciten y como opción de último recurso.

El órgano que decidirá si la ayuda se aprueba es el Consejo Rector del fondo, que se pondrá en marcha en un plazo de menos de 30 días, afirmó Montero, y cuya constitución, aunque no entró a detallar, se aprobó ya desde ayer.

El fondo, aprobado 3 de julio, está dotado de 10.000 millones, y su objetivo es prestar apoyo público temporal a empresas no financieras afectadas por la pandemia y consideradas estratégicas a nivel nacional o regional.

El mismo, que estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la UE y se enmarca en la estrategia europea de medidas de apoyo económico público frente al Covid-19.

Por otra parte, el reembolso de la participación del Estado deberá acompasarse con la recuperación y la estabilización de la situación de la economía. Dicho importe se incrementará en un 10% si transcurridos 5 años desde la aportación de capital no se ha reducido al menos en un 40% la cuota de participación inicial.

De mantenerse una participación con cargo al fondo transcurridos 7 años desde la aportación de capital, el montante del reembolso se incrementará adicionalmente en un 10% sobre la participación viva en dicho momento.

En las sociedades cotizadas, dichos incrementos del reembolso se producirán transcurridos 4 y 6 años respectivamente en las condiciones que se establezcan.l

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