14º-18º
domingo | 8 junio | 2025
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que acuerde el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelar sus secretos.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que se procese al jefe del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos o por la modalidad continuada de dicho delito al considerar que "las revelaciones se extendieron entre el día 7 y el día 14 de marzo de 2024".
Para González Amador, "resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de fiscal general del Estado y fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo mediante su sustitución por una continuidad de revelaciones".
Así, acusa a García Ortiz y a Rodríguez de dejar de tratarle "como un ciudadano anónimo" para tratarle como "la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", lo que supuso que "toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal que estuvo en su mano, haya sido objeto de revelación pública".
A lo largo de 68 folios, hace referencia a la revelación de la denuncia que presentó la Fiscalía Provincial de Madrid en su contra por dos delitos fiscales y su correspondiente expediente tributario.
También hace mención a la filtración del contenido del correo electrónico que su abogado envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía --ofreciéndose a reconocer dichos delitos a cambio de un acuerdo de conformidad--; y a la difusión nota de prensa que elaboró el Ministerio Público el 14 de marzo de ese año con el cruce de correos entre la defensa y la Fiscalía para hacer frente a la publicación de 'El Mundo' --en la que se aseguraba que había sido el fiscal quien había ofrecido un pacto--.
A su juicio, tanto García Ortiz --que asumió la responsabilidad de la nota-- como Rodríguez --que dio su visto bueno-- "sacralizaron institucionalmente las anteriores revelaciones e incluyeron una nueva revelación (mail de 12 de febrero de 2024) para ganar el relato político mediante la confección y publicación de una nota de prensa de la Fiscalía".
En este sentido, insiste en que "lo anterior se produjo por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, motivo por el que se dio publicidad a 'tooooodo' desde la Fiscalía General del Estado con destino a medios" y a rivales políticos.
En este punto, señala al PSOE, "a la directora del gabinete de secretario de Estado del gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Comunicación o el director de comunicación del PSOE", que "tuvieron en sus manos" el correo del 2 de febrero antes que él.
Al hilo, incide en que desde que se publicó la nota de la Fiscalía "todas las autoridades políticas de grupos rivales al de su pareja sentimental" y los medios de comunicación empezaron a llamarle "delincuente confeso", lo que considera una "lesión de forma absoluta y definitiva de sus derechos fundamentales a la intimidad (...), presunción de inocencia, (...) y derecho de defensa con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial".
Según defiende, no hay duda de que si hubiese mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona o de no haber mantenido ninguna, "jamás se habrían producido las conductas de los investigados".
En el marco de su escrito, rechaza el argumento del fiscal general de que su conducta no sería delictiva porque no se habría revelado el documento adjunto al correo electrónico del 2 de febrero y subraya que en la nota de prensa difundida se reveló "la existencia del mismo".
Además, recuerda que el fiscal general eliminó "todos los soportes digitales en los que se contenían los hechos (digitales) por él protagonizados y específicamente las conversaciones con miembros del Ministerio Fiscal y con periodistas". Y afea que alegase que cambiaba de móvil y borra sus datos de forma habitual por el cargo que desempeña.
En consecuencia, su abogado, Gabriel Ramos, pide al magistrado instructor que acuerde el procesamiento de García Ortiz, toda vez que considera que "se conocen con un detalle apabullante los hechos protagonizados por el recurrente de revelación de cuantos datos personales, información y documentación relacionada con González Amador han pasado, sin tener que hacerlo, por sus manos por ser fiscal general del Estado (...), debiéndose dictar auto de transformación".
Reclama que actúe de la misma forma respecto a Rodríguez "desde su esencial y necesaria contribución en los hechos punibles diametralmente opuesta al contenido de los actos neutros".
