domingo 20.10.2019

El alcalde de Tui no tiene aviso “oficial” sobre la investigación por no clausurar la pirotecnia

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, niega tener alguna “notificación oficial” sobre si Fiscalía abrió una investigación por desobediencia en la ejecución de una sentencia urbanística dictada en 2014 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 1 de Pontevedra

Carlos Vázquez Padín atiende a la prensa durante una concentración | aec
Carlos Vázquez Padín atiende a la prensa durante una concentración | aec

–confirmada un año después por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)– que obligaba a precintar y demoler las instalaciones de la pirotecnia La Gallega en la parroquia de Baldráns.


El primer edil tudense defiende que la ejecución del fallo de anular la actividad de la empresa –cuyo dueño se encuentra en prisión preventiva por la explosión del polvorín ilegal en la parroquia de Paramos– “estuvo sin ejecutar” durante el mandato del regidor anterior, el socialista Enrique Cabaleiro.

“Aquí hay una sentencia de junio de 2015 y yo soy alcalde desde octubre de 2017. Es decir, si la sentencia no está ejecutada es porque llevaba un período sin ejecutarse durante el mandato anterior”, explica el regidor, que accedió a la alcaldía hace un año por una moción de censura.

Una sentencia en ejecución
No obstante, Vázquez Padín recordó que el gobierno local ordenó precintar las instalaciones de La Gallega el septiembre, por lo que, según sostiene, “la sentencia se está efectuando” y se presentó ante los juzgados de Pontevedra un “cronograma con todos los pasos que se estaban realizando” en este sentido.
Asimismo, el alcalde de Tui arremete contra el Gobierno central, al que acusa de “no estar colaborando con el desalojo de los explosivos”, algo que ve “necesario” para la demolición de las casetas de la pirotecnia, tal y como obliga la sentencia.

“Yo no voy a demoler nada si está lleno de explosivos. Hace ya un mes nos pusimos en contacto con la Delegación del Gobierno pidiendo una reunión para coordinar el desalojo y no recibimos respuesta”, asegura.
“Una pata de la Administración del Estado me está poniendo dificultades y otra pata (la Fiscalía) me está investigando por desobediencia”, censura Vázquez Padín, quien también asegura que el delito de desobediencia “implica dolo”, es decir, intención de cometerlo, por lo que lo ve “muy difícil de demostrar”.

Antes del precintado en septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra llevaba meses requiriendo al Ayuntamiento de Tui que ejecutase la sentencia de 2014 que anulaba las licencias de actividad y obra de la pirotecnia La Gallega, y que implica la clausura y demolición de las instalaciones.


Se trata de un largo proceso judicial iniciado en 2013, cuando el gobierno local de Moisés Rodríguez (PP) otorgó licencia de actividad y de obra mayor para la pirotecnia de Baldráns y vecino de la zona recurrió esa decisión municipal.