17º-30º
martes | 24 junio | 2025
El sector eólico ha expresado su preocupación por el bloqueo de la tramitación de proyectos en Galicia al tiempo que ha alertado de un estado de inseguridad jurídica y del posible rechazo a nuevos inversores o promotores.
Los promotores y empresarios ponen de relieve que los proyectos que han presentado cumplen “estrictamente” los pasos y trámites establecidos en la ley ambiental y que han obtenido la autorización de los órganos competentes. Subrayan, además, el riesgo de que la paralización judicial ocasione graves daños en el empleo y en las inversiones en parte de la cadena de valor del sector metal gallego.
Una de las organizaciones que ha alertado de estos riesgos es la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que advirtió sobre las pérdidas millonarias y del perjuicio, no solo para las empresas del sector energético, sino para todo el conjunto del sector industrial gallego, que se podría ver afectado por la revisión de las autorizaciones en sede judicial.
“Las repercusiones empresariales son significativas. Varios proyectos eólicos han sido objeto de denuncias y recursos legales, lo que ha implicado costes económicos y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas involucradas y para todo el tejido industrial de Galicia”, señaló la patronal gallega.
Desde la CEG insistieron en que “son inversiones millonarias rodeadas ahora de una gran incertidumbre e inseguridad jurídica. Se está comprometiendo la gran apuesta de Galicia por la transición energética, pero también se está poniendo en peligro la viabilidad de empresas y proyectos industriales que habían suscrito contratos PPA con los promotores de muchos de estos parques y cuya competitividad queda ahora comprometida si no se ejecutan los proyectos.”
Todo ello repercute, así mismo, en el empleo generado por estas actividades y por las empresas que participan en su instalación y mantenimiento, recordó la patronal.
En el mismo sentido, hace ya más de un año, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) ya estimaba que los expedientes eólicos afectados por la intervención judicial afectaban a casi un centenar de proyectos que contaban con la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable y autorización administrativa para su construcción.
“El proceso de análisis ambiental es muy garantista, debe superar rigurosas evaluaciones de una quincena de organismos, es decir, los parques necesitan el aval derivado de aplicar la normativa autonómica, estatal y comunitaria con los preceptivos informes. Dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación transcurre entre cuatro y diez años, donde se invierten muchos recursos privados y públicos”, tal como sostiene la entidad, que quiere llamar la atención de la sociedad gallega sobre los efectos de un “freno” a las energías renovables
En un sentido similar se pronuncian desde Asime, la patronal de las industrias del metal y tecnologías asociadas de Galicia. “Desde el sector tenemos un compromiso firme con el desarrollo de las energías renovables y con una industria limpia y descarbonizada. Ante este panorama de bloqueo en la tramitación de parques eólicos alertamos de una situación de máxima preocupación en toda la cadena industrial del metal y de la industria gallega en general, dado que la eólica es una actividad tractora en la generación de empleo y riqueza para Galicia.”, declaró Enrique Mallón, secretario general y portavoz de Asime.
“En el criterio aplicado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que creemos no sigue estrictamente lo establecido en la ley ambiental, provoca un escenario de paralización judicial que genera perjuicios y daños irreparables en las empresas promotoras de energías renovables” expuso Asime. “Debemos evitar que esta situación continúe y ponga en riesgo la posible caducidad de los permisos de acceso y conexión ya concedidos, o que las empresas se vean envueltas en el pago de penalizaciones millonarias por incumplimiento de contratos con tecnólogos y empresas constructoras. Es una situación de perjuicio e inestabilidad jurídica que no favorecería la atracción de inversores y capital a Galicia”.
“Así mismo, muchas empresas se ven perjudicadas ante este escenario en donde el parón del sector eólico afecta también a otras industrias, como es el caso de proyectos de hidrógeno y de amoníaco o fabriles, ya anunciados, y que demandarán un gran consumo de energía nueva y renovable y que podrían peligrar si los desarrollos eólicos no se implantan en nuestra comunidad” recordaron.
La Federación Galega da Construción se ha unido a la carga contra lo que considera una “paralización judicial” de parques eólicos que contaban con informes ambientales a favor en Galicia por el efecto que esto tendrá sobre el empleo.
La entidad destacó la “pérdida de oportunidades” para el desarrollo industrial de la comunidad y para la creación de empleo.
La patronal gallega del sector advirtió de las “repercusiones negativas a nivel económico y social” que tiene “la no ejecución de los proyectos autorizados, ya que se trata de inversiones millonarias”.
Criticó que “después de haber sido sometidas a una evaluación ambiental durante meses y años, quedan en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica al dejar en suspenso su declaración de impacto ambiental”.
“El contexto actual de judicialización y paralización del sector eólico impacta de lleno en la cadena de valor y pone en peligro el desarrollo energético e industrial de Galicia” señaló por su parte Naturgy. “Esta situación está suponiendo un duro golpe para la actividad industrial y económica gallega dada la importante presencia de empresas y trabajadores en la construcción y operación de proyectos eólicos. Asimismo, se dejarán de percibir impuestos y rentas en los entornos locales en los que se implantan los proyectos y la confianza de los inversores se verá seriamente afectada, lo que dificultará la atracción de inversión para futuros proyectos, tanto eólicos, como de cualquier otro tipo”, explica la empresa energética.
La energética destaca que “el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de un parque eólico supone una importante inyección de riqueza para los territorios en los que se emplaza la instalación. Esto ha permitido la creación de una industria auxiliar durante las décadas en las que Galicia ha liderado el desarrollo de las renovables en España y que ahora se ve amenaza por la actual situación judicial”.
Desde Naturgy advierten de que “la actual situación de judicialización puede acabar teniendo un impacto en toda la cadena de valor, ya que afecta a la decisión de financiación y compra de equipos, lo que afectaría a promotores y fabricantes de aerogeneradores; como al conjunto de la actividad industrial y económica gallega vinculada a este sector, por la importante presencia de empresas y trabajadores en la construcción y operación de proyectos eólicos en Galicia”.
Desde la empresa energética recuerdan que en Galicia existen promotores con interés en instalar nueva capacidad eólica y un sector industrial eólico potente que permitirá la penetración a gran escala. “Asimismo, posee la capacidad técnica, profesional y económica, para los requerimientos de fabricación de equipos y construcción que exige la instalación de potencia eólica a gran escala” señalan.
Un estudio elaborado por Deloitte para la Asociación Eólica de Galicia señala que la generación eólica ha creado riqueza y empleo para Galicia. En 2022, el sector eólico gallego contribuyó al PIB de Galicia por valor de 923 millones de euros, representando un 1,6% del PIB de Galicia. El sector pagó, además, tributos por más de 100 millones de euros, de los que 43 millones de euros fueron locales y autonómicos, y 57 millones de euros estatales.
“Esta situación de parálisis ha tenido su reflejo en el empleo que, si bien, se ha mantenido gracias al efecto arrastre de los distintos desarrollos de eólica marina, se ha reducido considerablemente en el resto de sectores vinculados a la eólica, especialmente en lo que se refiere a fabricación de equipos y otros servicios como transporte, cimentación, obra civil, ya que al no construir estas áreas reducen sus contrataciones”, informan los responsables de la empresa energética.
“El desarrollo de nueva potencia eólica es clave para la creación de empleo: en la fase de construcción, el impacto generado en términos de empleo si se realizasen localmente todas las actividades de la cadena de valor sería de 3,9 puestos de trabajo equivalentes en términos anuales por MW instalado. En la fase de operación y mantenimiento se generarían 0,2 puestos de trabajo equivalentes en términos anuales por MW” estiman.
“Con 5.494 empleos en la actualidad, si se mantuviese un ritmo de instalación de potencia medio en los próximos años de 400-500 MW/anuales, en diez años, podrían generarse entre 1.840 y 2.950 nuevos empleos estables”, estima Naturgy.
Una de las empresas que ha expresado su descontento con la situación del sector eólico es CRC Obras y Servicios, de Ordes. Alejandro Tapias, técnico de la oficina de estudios y contratación de la compañía, asegura que “Galicia era la comunidad líder en el sector hace años”, pero ha perdido fuelle frente al empuje de comunidades como Extremadura, Castilla y León, Andalucía o Aragón. De hecho, según Tapias, esa es la peor consecuencia que ha tenido la judicialización del éolico: “Las empresas de aquí tenemos que tener proyección fuera, ante la falta de trabajo aquí”. Así, comenta que, si en los últimos años su empresa solo participó en la repotenciación de un parque éolico en la comunidad gallega, el de Zas (16 megavatios), en las regiones comentadas han trabajado para una potencia total superior a los 400 megavatios. Un panorama que denuncia ya que, afirma, “la energía renovable es necesaria”.
Pablo Echegaray, de Garaysa, otra empresa gallega, asegura que la paralización judicial, en el caso de su compañía, que lleva 28 años operando, ha conllevado que “si no fuera por el apoyo del promotor, en este caso Naturgy, nos podría provocar una declaración de concurso de acreedores y poner fin a nuestro proyecto de empresa”. Así, denuncia casos en los que se adjudica un parque y, por las sentencias del TSXG, a veces con las obras casi terminadas, se ordena paralizar el proyecto, lo que supone una “inseguridad jurídica muy importante”. “Mientras no se resuelva la situación y se acabe con la politización del mencionado tribunal el sector lo tiene muy complicado. Las transiciones tienen su momento y aquí cuando se resuelva ya va ser muy tarde. Todas la inversiones que están previstas en Galicia en materia de energías verdes ya están en duda en estos momentos y esto genera pobreza para muchos sectores”, explica.
CIFRAS
183 parques en total en todo el territorio gallego, siendo la cuarta comunidad autónoma con una mayor producción de energía eólica de España.
2.446 megavatios de potencia instalada en los parques de la comunidad durante el periodo 2018-2022, únicamente superada por Extremadura y Canarias.
923 millones de euros aportó al PIB de la comunidad el sector eólico, un 1,6% del total del PIB regional entre su contribución directa e indirecta.
9.665 gigavatios de producción eólica total en la comunidad en el año 2022, solo por detrás de Aragón y Castilla y León, y siendo el 16% del total estatal.
3.907 megavatios de potencia total entre todos los parques de la comunidad a comienzos de 2023, divididos en los 112 municipios que tienen alguno en sus límites.
