Las sanciones por incumplimiento de los requisitos en la tenencia de perros de raza potencialmente peligrosa se situaron el año pasado en 271, un descenso respecto a 2021 cuando se elevaron a 438, según datos aportados a Europa Press por la Consellería de Medio Ambiente.

En concreto, en 2021 hubo 12 sanciones leves, 150 graves y 276 muy graves, a lo que se sumaron 40 casos archivados y 66 sobreseidos, mientras que el año pasado las leves ascendieron a diez, las graves a 124 y las muy graves a 137. Hubo 66 casos archivados y 21 sobreseidos.

Sobre las infracciones más frecuentes, la Xunta afirma que son la falta de la documentación preceptiva como la licencia municipal (muy grave); la inscripción del animal en el registro municipal (grave), igual que la ausencia del microchip de identificación, así como del pasaporte sanitario, que se considera leve.

Otras son llevarlo suelto y/o sin bozal en espacios públicos (grave) y no adoptar las medidas de seguridad para evitar su huida o extravio (grave).

El importe de las sanciones se agrava teniendo en cuenta el número de animales afectados, su estado higiénico y de salud o la trascendencia social, decretándose en casos muy graves el decomiso de los animales como sanción accesoria.

Las cuantías para este tipo de infracciones y, según sean leves o muy graves, oscilan entre los 150 o los 15.000 euros, añaden desde la Xunta, que recuerdan que cada autonomía puede fijar las razas que considere potencialmente peligrosas, pero partiendo de los mínimos de la ley estatal.

Licencia

Por su parte, desde la Guardia Civil inciden en la necesidad de una licencia administrativa "que será otorgada por el ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa constancia en este, por el ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento" en base al cumplimiento de los requisitos exigidos.

En todo caso, aclaran que también pueden ser considerados perros potencialmente peligrosos "aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales".

Clasificación

Mientras, desde la Fundación Franz Weber, su portavoz, Rubén Pérez, asegura que en Galicia, atendiendo a la normativa autonómica, estarían dentro de la clasificación de razas peligrosas 16 tipos.

"A mayores se suman los perros entrenados para guarda y defensa, con independencia de la raza, ya que reciben un adiestramiento relativamente violento, y cualquier animal que la Xunta determine que ha tenido algún episodio de agresividad hacia personas o incluso ataques a 'cosas'", señalan también.

En cuanto a los requisitos, explica que en Galicia "se traspone casi literalmente la normativa estatal". "En espacios públicos deben ir con bozal y correa no extensible con menos de dos metros, la persona responsable debe tener una licencia, que otorgan los ayuntamientos, y un seguro de responsabilidad civil", recuerda en línea con los anteriores.

En el caso gallego, afirma que incluye "más razas, aunque el número de incidentes sea muy bajo" lo que, a su juicio, supone incidir en "cierta criminalización de estos perros en función de una alarma social realmente inexistente".

Nueva ley

Respecto a la Ley de Bienestar Animal, expresan su respaldo para "acabar con estos criterios en función de raza" y establecer "medidas individualizadas". "Esto es, evaluar de forma concreta cada caso y tomar medidas en función del mismo, como más seguridad para el paseo, posibilidad de reeducación con métodos positivos", cita como ejemplos.

"Esto supone seguir criterios científicos, no hay una mayor agresividad o peligro de un perro por el mero hecho de pertenecer a una determinada raza o tener determinadas características fisiológicas". "El adiestramiento o la mala convivencia que existe en no pocos casos es origen de reacciones adversas, como sucede en ocasiones", insiste.

No obstante, añade que "resulta curioso que el uso de estos perros para actividades de caza, por ejemplo, los exceptúa de utilizar los mismos mecanismos (bozal y correa) en espacios públicos como podría ser el monte, lo que en teoría genera idéntico riesgo que en una calle".

Irresponsabilidad

Asimismo, alude a las situaciones de "irresponsabilidad" por parte de algunos propietarios. "Animales que no están en buenas condiciones higiénico-sanitarias, desinterés por parte de las personas supuestamente responsables, carencia de requisitos administrativos o inaptitud para convivir con animales", apunta.

Por otra parte, apela a controlar los canales de venta de animales y advierte de las ofertas realizadas de forma ilegal "donde se llegan a intercambiar animales por consolas u ofrecerlos por precios extrañamente reducidos".