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martes | 23 abril | 2024
La Guardia Civil de Boiro ha abierto diligencias contra dirigentes de la agrupación de a flote y el nuevo abogado de la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz por presuntas amenazas y coacciones a guardapescas del pósito, e incluso por un delito contra los trabajadores. Una de ellas recuerda en la denuncia presentada hace varias semanas que en 2021 inició un proceso penal en esas mismas dependencias del instituto armado por un delito de coacciones supuestamente cometido por directivos y mariscadores de dicha entidad, del que quedaron absueltos -la sentencia fue recurrida- y que, tras estar de baja, retomó su actividad en noviembre de 2022, pero que en vez de hacerlo en la embarcación -es uno de los dos vigilantes con titulación de patrón- la directiva, de la que ya formaban parte antiguos mariscadores denunciados por faenar en zonas destinadas para las mariscadoras de a pie, le comunicó que realizará su trabajo a pie en la costa.
Esa guardapesca asumió esa responsabilidad, pero en su denuncia detalla que cuando le tocaba vigilancia en horario nocturno no le asignaban un compañero, y precisa que aunque en el cuadrante del servicio si figuraba uno, en el momento de ejercer su labor no tenía compañero alguno, estando ella sola en un vehículo y los demás compañeros en otro. Ella entendió que esa era una forma de presionarla por la denuncia que interpuso el año anterior, pero para evitar tener problemas y dejar pasar las cosas continuó ejerciendo sus tareas sin dar problema alguno. Añade que en una reunión que ella y la gran mayoría de sus compañeros tuvieron en diciembre de 2022 con directivos y un asesor, que ya no está, la invitaron a que se retractase y retirase la referida denuncia de julio de 2021 para no tener problemas. Ella les respondió que no haría eso y remató dicha reunión.
En la denuncia interpuesta hace unas semanas, se indica que un directivo le entregó a finales de enero pasado un folio mecanografiado en el que querían que hiciera una declaración jurada “modificando las horas de la presencia de las embarcaciones del sector de a flote” y en contra de las actas levantadas por los guardacostas de la Xunta de Galicia a 24 embarcaciones “para demostrar que los funcionarios mentían”, pero ella se negó en rotundo a firmarlo, pues consideraba que es una forma de coaccionarla. Añade que a mediados de febrero tuvo una reunión con un directivo y el nuevo letrado del pósito y que le presionaron para firmar ese papel, pero al no hacerlo le indicaron que “podría ir dos años a la cárcel y ser inhabilitada por cinco años como mínimo para ejercer su trabajo”, y advierte que acabó marchándose ante la presión que ejercía hacia ella. Desde entonces, esa vigilante permanece de baja médica por trastorno de ansiedad.
