Pese al voto contrario de los diez concejales del PP, al Ejecutivo local ribeirense le llegaron los botos de los 11 ediles que lo conforman para sacar adelante los tres puntos relacionados con el rescate del parking subterráneo del Centenario, como fueron la liquidación del contrato de concesión y obra pública para su construcción y gestión, una instalación sobre la que los técnicos municipales valoraron en 1.713.674 euros, con los intereses de demora ya incluidos. Frente a ella, el administrador concursal de la concesionaria de la instalación -Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, SA- presentó otra por importe próximo a los 6,2 millones de euros, con los intereses de demoras incluidos.
Y salieron adelante la aprobación inicial del tercer crédito extraordinario de este año y la contratación de la operación de crédito necesario para afrontar el pago de ese importe. El portavoz del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, que indicó que lo hecho con ese parking es un ejemplo de como no se deben hacer las cosas y se manifestó bastante pesimista en sus manifestaciones al cifra que la cantidad a pagar será la que pide el administrador concursal.
Por su parte, la portavoz del PP, Mariola Sampedro, sostuvo que el actual Ejecutivo le reprocha que dejó una deuda de 13 millones, pero le espetó que el actual Gobierno la incrementó en 7 millones en año y medio, con lo que alcanza un nivel del 63% y se está acercando peligrosamente al 75%, con lo pasaría a estar bajo la tutela financiera de la Xunta de Galicia. Además, la portavoz popular, que le reprochó que desde que BNG, PBBI y PSOE gobiernan conjuntamente la información que les han facilitado sobre las gestiones para llevar a efecto el rescate de este aparcamiento subterráneo ha sido "cero", cuando en el anterior mandato hubo juntas de portavoces e incluso acudieron lso abogados para explicar cómo estaba la situación.
Respecto a su postura sobre los tres puntos relacionados con el rescate o liquidación de ese contrato, los populares votaron en contra, lo que justificó en que "nós non vamos a ser cómplices nin partícipes deste cambalache que nos presentan hoxe aquí sen xeito, sen consenso y sen formas. Y le reprochó que "deixaron abandonados aos abonados, ue se enteraron do cambio de contrato por unah mensaxe de WhatsApp na que se lles indca que pasen a asinar o novo contrato no que non teñen información de que se lles vai aumentar o prezo e non lles dan información ou lles mandaron á praza terceira do sótano, que non é nas mesmas condicións. Así nolo fixeron chegar mitos deles", concluyeron.
Entre otros acuerdo que se adoptaron por unanimidad en dicho pleno se incluye la modificación que permitirá a los vecinos facilitar el fraccionamento y el aplazamiento de las obligaciones tributarias y deudas, a excepción de lso incumplimientos. Con esta medida se podrán examinar los casos de forma personalizada para la realización de ls pagos dependiendo de la capaciad de los vecinos; la propuesta para seguir avanzando en el proyecto de derribo de una vivenda en la Avenida Romero Ortiz.
El concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, en referencia al desalojo judicial realizado en el edificio número 3 de la Ría Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas, recriminó a la oposición que “fagan alarma dos casos de ocupación, nós non presumimos desta actuación, o que fixo este goberno é poñerse a traballar para acelerar o proceso de desafiuzamento e estamos traballando noutros focos”.
El alcalde, Luis Pérez, indicó en esas palabras de su compañero de gobierno para manifestar que "non se debe utilizar este tema con rédito político, senón que é un problema social e de saúde no que se traballa de maneira conxunta entre Servizos Sociais, UCA e Policía para solucionalo, “deberíamos estar xuntos nun tema tan sensible e importante”.