El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, pide el apoyo del Estado y la Xunta de Galicia ante la situación de los vertidos de A Ribeiriña alegando que el Concello tiene responsabilidad con los vecinos y el medio natural pero carece de competencias y posibilidades económicas para solucionarlo. 

Así lo explicaba José Carlos en la rueda de prensa que se celebró ayer en el Concello, donde manifestó también su descontento con este problema que “despois de 4 meses está a adquirir dimensións máis graves”.

“Ainda non sabemos con seguridade de onde proceden os vertidos”, explica, pero todo parece indicar que estarían relacionados con la fábrica de conservas La Onza de Oro y los trabajos que realizó Costas en esa zona para recuperar el espacio natural. Precisamente desde este organismo estatal informaron ya al Concello que se está tramitando la contratación de una empresa acreditada para hacer un estudio exhaustivo y sacar conclusiones válidas de la situación. 

El regidor señala también a la nave de Hadasa, una edificación en la que aseguran haber preparado ya un informe de urbanismo para reclama un cierre perimetral, así como la revisión de las placas de la cubierta y la retirada de algunos fragmentos con riesgo de desprendimiento.

La Xunta pide respuesta

Hace un par de semanas la Consellería de Medio Ambiente, señalaba al Concello culpabilizándolo por no responder a varios requerimientos, pero desde A Pobra aseguran que no se fijó una fecha clara para ello y añaden  que se trataba únicamente el tema de los  residuos de Hadasa, “non os vertidos”, explicaba la técnica de Medio Ambiente en compañía del mandatario pueblense. Estas peticiones de la Xunta ya fueron entregadas. 

UCIN también se pronuncia

Por su parte, y en pleno debate medioambiental, la Unión de Cidadáns Independentes demanda soluciones para acabar con este problema de contaminación. Solicitan la implicación de todas las administraciones y que “dejen de pasarse el problema de unas a otras”. 

Explican también que, cuanto más se dilate la resolución de este conflicto ambiental, mayor será el terreno afectado y, en consecuencia, también el coste de su reparación.