Una exempleada municipal en Boiro se deberá sentar a partir de las diez de la mañana de este lunes, y previsiblemente durante el resto de los días de esa misma semana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de exacciones ilegales, por los que la Fiscalía le pide 4 años de cárcel e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el derecho de sufragio pasivo durante 10 años, por un lado, y multa de 12.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y de suspensión de empleo público por 4 años. Y de responsabilidad civil, le reclama que indemnice al Ayuntamiento boirense con 25.297 euros, que es el importe que indica que distrajo a dicha Administración local.

El Ministerio Público pone en antecedentes la situación de la acusada a través de su escrito de conclusiones provisionales, señalando que ejerció sus funciones como personal laboral del Ayuntamiento de Boiro desde febrero de 1994 hasta agosto de 2015, y precisa que entre sus responsabilidades de 2013 a 2015 estuvo la coordinación general del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), establecido por ordenanza publicada el 11 de enero de 2013, si bien sus funciones se realizaban en el marco general de la actividad municipal con anterioridad a esa fecha. Precisa que entre las funciones del SAF se encontraba la gestión de la asistencia efectiva de personas cuyas circunstancias personales hacían necesaria la prestación de determinadas asistencias, en unos casos asumiendo la Administración local el coste completo de la asistencia prestada por la empresa Ulla Sar SL, y en otros con una modalidad de copago. 

En ese escrito de acusación precisa que los beneficiarios del servicio eran las personas que cumplían los requisitos del Sistema de Atención a la Dependencia y aquellos que aprobaba la Junta de Gobierno Local. "Cada mes, la empresa adjudicataria del SAF remitía al Ayuntamiento una factura detallada del servicio prestado en el que se hacía constar el tiempo de asistencia prestado a cada usuario, correspondiendo a la acusada informar su pago, si procedía, para su autorización final por la referida Junta de Gobierno Local o el alcalde". Y especifica que desde el año 2014 le correspondía a la acusada elaborar un censo o padrón fiscal en el que se establecía el listado de personas que debían realizar el copago por el servicio del que eran beneficiarios., y que ella también firmaba con cada usuario un contrato en el que se establecía el sistema de pagos.
 

Contacto con beneficiarios

La Fiscalía señala que para obtener un beneficio patrimonial, la procesada, que entre las funciones que desempeñaba como personal laboral municipal de 2013 a 2015 estaba la de coordinación general del SAF, se aprovechó de los contactos con beneficiarios del servicio -en algunos casos eran de edad avanzada-, y sus familiares. Y precisa que desde, al menos, octubre de 2009 hasta el momento de finalizar su relación profesional con el Concello de Boiro comenzó a quedarse con las cantidades que cada beneficiario entregaba en metálico, tanto en el Consistorio como en los domicilios aprovechando sus visitas, ocultando ese dato a la Tesorería y la Intervención, entregando a cambió un recibí en el que se hacía constar un sello del Ayuntamiento, cuyo uso “no estaba autorizado”.

El Ministerio Público advierte en su escrito de conclusiones provisionales que la acusada "omitía en algunas ocasiones del padrón fiscal o censo a las personas de las que había recibido cantidades para evitar el descubrimiento del apoderamiento de cantidades". Y añade que, en otras ocasiones, la procesada exigía y cobraba importes por servicios que no tenían aparejado el abono de un precio público, "como las altas en el servicio SAF o prestaciones como el uso de grúas para facilitar la movilidad de personas".