La Audiencia de Pontevedra ha dado carpetazo a la denuncia interpuesta por una madre contra una profesora del colegio de su hija por la presunta comisión de un delito de coacciones. La denunciante recurrió a este tribunal después de que un juzgado cambadés archivara la causa, pero los magistrados consideran que “no concurren indicios mínimamente sólidos que puedan amparar” su continuación. 
Según la sentencia, todo comenzó cuando la arousana fue a interesarse por el “posible acoso de su hija menor” en el centro que cursaba estudios y denunció que la reacción de una docente y del director fue “hostil” hacia ambas.

Como sustento, refirió tres episodios ocurridos en 2022, uno fuera del ámbito escolar y otros dos en las instalaciones educativas. De los dos primeros “no hay corroboración periférica, pero del tercero hay testigos”, señalaba la mujer, indicando que se había increpado a la menor respecto al tema de la denuncia. Sin embargo, el juzgado de instrucción dictó auto de sobreseimiento y archivo de la causa porque, entre otras cosas, quienes presenciaron los hechos “negaron los incidentes afirmados en la denuncia”. Así las cosas, “no ha quedado debidamente justificada la comisión del delito de coacciones que motivó la formación de la causa”, añadía el juez. 

Contra esta decisión, la arousana interpuso un recurso de apelación en la Audiencia de Pontevedra solicitando que se revocase y se practicasen una serie de diligencias de investigación a mayores, además de aportar unas grabaciones de audio por si sirvieran para esclarecer los hechos. No obstante, el tribunal provincial indica que no puede ser estimado porque “como bien reconoce la recurrente”, respecto a los dos primeros episodios, “negados por la profesora denunciada, no existe corroboración periférica alguna”, del tal manera que lo dicho en su denuncia “no es fuente indiciaria bastante para sostener una acusación”, resuelve. 

Respecto al tercero, toma en consideración la declaración de los testigos y “aun cuando los testigos que insta la recurrente sostuvieran la versión de la denuncia, se estaría ante versiones contradictorias de muy difícil prevalencia al no haber intervenido la inspección educativa para depurara los hechos”; un organismo de la Xunta al que, añaden, “debería haberse recurrido en primera instancia”, abunda.