Las negociaciones con propietarios de la zona de Testos para conseguir los terrenos necesarios para construir un pabellón deportivo no han avanzado demasiado. El bipartito isleño reconoció que son “incipientes”, como ya lo eran hace más de un año, aunque el pasado mayo lograron un preacuerdo con el dueño de una parcela para hacer una permuta. De hecho, según el alcalde, Luis Arosa, la gran mayoría de los contactados estarían más interesados en este sistema que en una compra venta. 

El asunto se habló en el Pleno ordinario de ayer y a raíz de las críticas del portavoz del PP, Miguel Paz, y del concejal no adscrito Matías Cañón, quien criticó que “anunciaran a bombo e platillo” la consecución de una parcela para cumplir con una demanda histórica en la villa, pero ahora el Concello rebaja la partida de 75.000 euros reservada para comprar otros. Y es que el bipartito presentó una modificación presupuestaria para, entre otras cosas, pasar parte de ese dinero a la necesaria compra de una furgoneta para obras.

El propio primer teniente de alcalde, Manuel Suárez, reconoció que posiblemente la partida no se ejecute este año, aunque también recordó que la reserva de dinero para ese asunto ha ido en “bastantes orzamentos” en los últimos años sin hacerse nunca realidad. 

Esos cambios presupuestarios, que el bipartito aprobó en solitario, también responden a la necesidad de incorporar al Orzamento dos ayudas concedidas por la Xunta: Una de 4.560 euros para homologar locales en los que dar cursos con certificación oficial y otra de 46.000 para mejorar en abastecimiento. El Concello tendrá que aportar 7.500 y 2.300 euros, respectivamente.

También hubo reproches, y voto negativo, de Cañón y los populares respecto al impuesto de la plusvalía. Criticaron su implantación cuando no es obligado. PSOE y BNG llevaron a la sesión la aprobación de la ordenanza que lo adapte a las nuevas exigencias legales a raíz de su declaración como inconstitucional, defendiendo que hay bonificaciones y exenciones y que su objetivo es que, quien obtenga un beneficio económico en la compra venta de un bien, “tamén aporte”, porque el Concello “precisa financiación, cada vez asume máis competencias impropias e os cartos fan falta”, apuntó Suárez. De hecho, “asumimos o custe político de poñela en marcha”, añadió, además de apuntar que llevaba en vigor desde la segregación y “non recordo que o PP pedise a súa derogación”.