El Concello de Cambados mantendrá el servicio de la piscina municipal después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase la extensión del contrato de la actual concesionaria. Tras un prórroga por el covid-19, el plazo de la actual adjudicataria, Aquafit Gestión SLU, expiró en noviembre de 2023, pero el gobierno local decidió unilateralmente darle continuidad hasta que se formalizase un nuevo adjudicatario. Un movimiento que, ahora, deja sin efecto el alto tribunal gallego, que señala que la resolución del ejecutivo se produjo una vez que el contrato ya había vencido, ya que se realizó durante la prórroga posterior al covid y no dentro del contrato inicial pactado con la empresa.

No obstante, el alcalde, Samuel Lago, explica que esta resolución judicial a efectos prácticos “non terá consecuencias”, ya que el Concello legó a un acuerdo con la empresa concesionaria para dar continuidad al servicio en las mismas condiciones que se venía realizando hasta que se licite nuevamente.

Cabe recordar que el Concello ultima ya los últimos trámites de los pliegos para sacar a adjudicación la gestión de la piscina y del gimnasio municipal, pero se mantiene actualmente a la espera de recibir los documentos que acrediten la titularidad de los terrenos de O Pombal tras la cesión de 56.000 metros cuadrados de parcelas que pertenecían a Costas del Estado. Un trámite necesario también para otras cuestiones, como la reforma de los vestuarios, uno de los objetivos para instalar un baño adaptado, y que se está prolongando más de lo esperado, tras llegar al acuerdo en el pasado mes de enero.

En cuanto al contrato, se someterá a una importante actualización teniendo en cuenta que el anterior data de 2015 y así, se estudiarán cuestiones como la posibilidad de implantar beneficios en las cuotas para los usuarios empadronados en la localidad siempre que sea posible legalmente.

Deja sin efecto la prórroga 

En cuanto a la sentencia, recuerda que el contrato vencía en enero de 2023, si bien, con ocasión de la pandemia, se decidió extender el vínculo hasta noviembre de ese mismo año. Un mes antes de alcanzar esta fecha, el Concello resolvió dar continuidad al contrato hasta formalizar uno nuevo. Un procedimiento que el TSXG considera ahora nulo, ya que entiende que “cuando se hizo” este acuerdo “ya se había extinguido el contrato por el cumplimiento del plazo original, cuya prórroga necesitaba, además, la conformidad de la contratista, lo que no fue el caso”.

Asimismo, la empresa alegó que había sufrido importantes pérdidas durante el transcurso del contrato, que se licitó en el año 2015 y que, para que dicha prórroga fuese legar, tendría que realizarse de forma consensuada entre la administración y la firma adjudicataria del servicio. Un principio que no se da. 
De este modo, el TSXG confirma la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra y condena al Concello al pago de las costas judiciales, hasta los mil euros.