Las principales asociaciones de propietarios de viviendas vacacionales del país han iniciado una ofensiva legal contra un Real Decreto que impone una nueva inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad para poder alquilar estos inmuebles a través de plataformas digitales a partir del 1 de julio.

Esta movilización, en la que intervienen también propietarios de viviendas vacacionales de Sanxenxo -zona popular por sus alquileres de temporada- denuncia que esta norma expulsa del mercado al 90% de los pequeños arrendadores, ya que muchos no tienen sus viviendas inscritas en ese registro, especialmente en zonas rurales. 

Además señalan que inscribirse puede costar más de 3.000 euros, un gasto inasumible para muchas familias que dependen de estos ingresos.

Tal y como señaló la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, la Comisión Europea habría dado la razón a estas agrupaciones, señalando que el decreto vulnera la normativa europea. Por ello, las asociaciones ya han presentado tres recursos ante el Tribunal Supremo contra este decreto de ventanilla única, por la forma en la que se gestionó.