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sábado | 27 abril | 2024
La Asociación en Defensa do Asilo mostró su “malestar” porque considera que los políticos están haciendo un “uso partidista” de un problema que afecta a un colectivo vulnerable y a sus familiares. Fue ayer, el mismo día en que el BNG remitió a la Consellería de Política Social las firmas recogidas en casi tres meses para reclamarle que lo compre y convierta el servicio privado en cien por cien público. En total, reunieron 1.305 apoyos.
El cruce de acusaciones políticas de los últimos días del PP, PSOE y BNG no han gustado nada a la plataforma de vecinos y parientes de los residentes de la Valvanera. Tampoco están conformes con los anuncios realizados por parte de la Xunta y de la oposición cambadesa de que se están realizando “xestións” que garantizarían que siga funcionando en caso de que la orden consiga venderlo. De hecho, como “asociación legalmente constituida”, reclaman ser “notificados oportunamente, xa que somos os principais afectados e ninguén nos está tendo en conta”, se quejó su portavoz, Fernando Patricio Rey.
Por este motivo, ayer volvieron a pedir las reuniones solicitadas hace un par de semanas porque todavía no han recibido contestación y “só queremos información, que nos contesten. A nosa forma de contacto é pública e transparente”, añadió Patricio, destacándolo pues consideran que esto y la “participación activa de todos os involucrados son fundamentais para atopar unha solución xusta e sustentable”, añadió. Cabe recordar que se dirigieron al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, la diputada provincial de Benestar y un responsable de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
En cuanto a las firmas recogidas por los nacionalista de Cambados, su portavoz, Liso González, considera que las 1.305 reunidas “representan a moitísima máis xente” y que el “sentir xeral é que o asilo quede no pobo”. Su objetivo es convencer a Política Social de que lo compre porqué “é unha oportunidade” ante a “falta de prazas públicas” de residencias en la comarca y “resulta moi evidente que fan falta porque na Valvanera hai 60 residentes, que son persoas”, añadió el nacionalista.
Respecto a los anuncios de que la Xunta mantiene contacto con dos empresas del sector, dijo que le sorprenden “porque o prezo de venda –cuatro millones de euros– é moi elevado respecto ao número de prazas” y le parece mucha coincidencia con los datos de que dispone como concejal del cuatripartito: “A orde comentoulle ao Concello que dúas empresas preguntaran pero aí quedara a cousa”. Con todo, cree que los populares “non están dicindo nada” y, en todo caso, “trataríase de poñelo en mans privadas e a postura do BNG é clara, queremos que sexa público”.
González también acusó al Ejecutivo autonómico de “discriminación institucional” porque le parece “gravísimo” que “fale coa oposición e non co goberno lexítimamente constituído e nin nos colla o teléfono para falar”, dijo en referencia al silencio de Política Social ante las múltiples peticiones de una reunión.
