El Defensor del Pueblo ha emitido una escrito en el que insta al Concello de Ribadumia a dar acceso al registro municipal al concejal opositor de Somos, Enrique Oubiña. Se trata la de la conclusión a la que llega el alto comisionado de las Cortes tras examinar el comunicado de protesta que el grupo de la oposición había enviado, después de meses de espera sin tener acceso a esta documentación, solicitada en noviembre de 2021.
El defensor es una institución que carece de poder ejecutivo o vinculante, pero como garante de derechos constitucionales, recuerda al Ayuntamiento ribadumiense que le corresponde como administración local la “obligación de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente por cuanto se refiere al derecho de los ediles a la obtención de la información”.
Recuerda además Ángel Gabilondo “que las funciones de participación en el control del gobierno, participar en las deliberaciones del pleno, votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano y el derecho a obtener la información necesaria al respecto integran el núcleo esencial del derecho de representación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, de forma que cualquier perturbación en el acceso normal a la información a la que los concejales tienen derecho supondría una lesión al ejercicio del derecho fundamental del corporativo”.
Por todo ello, señala que “este ayuntamiento, teniendo en cuenta el objeto de la petición, debería proporcionarle la información solicitada a la mayor brevedad posible” ya que “a juicio de esta institución, dicha información se estima relevante para el ejercicio de las funciones de control y fiscalización y no debería haber obstáculo a su remisión”.
Eso sí, el Defensor del Pueblo también señala que la aportación de información debe hacerse “sin perjuicio de la necesidad de evitar que se acceden a aquellos datos personales que no se estimen necesarios para el desarrollo de la tarea de control al equipo de gobierno”.
El Defensor “comprende las dificultades que puede atravesar la gestión ordinaria de un ayuntamiento” pequeño, por contar con menos medios materiales y humanos. Un hecho que alegó en su defensa el gobierno local, pero a lo que el alto comisionado añade que “no obsta a que esa entidad local deba cumplir con sus obligaciones”.
El alcalde, David Castro, valoraba ayer que es la citada preservación de datos personales los que han llevado a dilatar este acceso de información al concejal opositor, siguiendo informes. Dar acceso “é algo que temos que valorar. Eu creo que estamos dispostos a dar toda a información que se precise pero hai que ser moi responsable con estes datos e nós seguimos nesa mesma liña”. Afirma que en otros ayuntamientos se ha avalado la restricción de este tipo de información “sensible” por contener datos personales de vecinos, por lo que entienden que en Ribadumia no se debería obrar de forma diferente. Así pues, concluye que “se Enrique Oubiña cre que debe ir a outro medio a solucionar este problema” estarán a lo que aclaren o resuelvan los tribunales.
Porque desde Somos, de hecho, ya adelantaban ayer que “se David Castro persiste en bloquear o traballo do noso voceiro, chegados á este punto non nos quedaría máis opción que acudir á vía xudicial, unha vía que vimos evitando dende o principio, sabendo que sería máis rápida que andar meses enleados co Defensor do Pobo, para evitarlle ás arcas municipais os custes deste tipo de accións”.
Subrayan que el Defensor “afea as actuacións dilatorias” del regidor y opinan que si se ven empujados a ir a la Justicia, será el primer edil quien deba ofrecer explicaciones a los vecinos.