La concesionaria de la Plataforma Loxística Inversa de Sete Pías han desistido de seguir adelante con los recursos que había interpuesto en dos juzgados de lo contencioso administrativo de Pontevedra contra la reclamación que le hace el Concello. En concreto, de una deuda en concepto de canon que cifra en un millón de euros. De este modo, y según fuentes judiciales, las causas han sido archivadas, pero el alcalde, Samuel Lago, señala que sigue adelante con el procedimiento que abrió en desacuerdo con la rescisión del contrato por incumplimiento culpable.

Gestión del ORAL

Cabe recordar que el Ayuntamiento entregó al ORAL de la Diputación la gestión de la reclamación económica ante la complejidad  y demora que estaba adquiriendo el asunto, pues llevan años litigando. El regidor reconoce que pinta “difícil”, pero no dejarán de pelear para que, “polo menos, poidamos usar a nave dunha vez porque estase deteriorando e ademais, a precisamos”. 

Solo la planta, sin contar el terreno, son 3.000 metros cuadrados y la ven ideal para materiales y maquinarias de Obras e Servizos y los obradoiros de emprego, así como servicios ahora instalados en la nave logística que tendrán que desalojar en 2029, cuando expira la cesión de uso. En estas instalaciones está Protección Civil, el Viveiro Industrial y almacenes que presta a asociaciones. El resto lo tiene alquilado a la Mancomunidade y a varia empresas.

Antecedentes

El gobierno local culminó el año pasado los trámites administrativos necesarios para resolver el contrato con la UTE Estevez Container Orensanos Soil Recovery que en el 2010 se hizo con la gestión de la plataforma, construida por la Diputación con cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos. Pero a la sociedad aún le quedaba la vía judicial y, según el regidor, así fue. Lo esperaban, pues en estos años lo ha hecho varias veces aunque, por el camino, una de las empresas entró en concurso y la “outra non quería facerse cargo”, expuso. 

La concesionaria ya había acudido a la justicia contra el cobro del canon de 104.000 euros anuales al considerarlo ilegítimo porque en la planta no entró ni el 98 % de los residuos prometidos –contemplados en el pliego de condiciones–y por tanto, no había podido generar el previsto beneficio económico. También llegó a reclamar una indemnización de 8 millones, pero en ambos casos la justicia exoneró el Concello.

Resueltos estos litigios, hace un par de años que el bipartito inició ese expediente para resolver el contrato y quedarse con la nave –construida en terrenos municipales–. Una aspiración compartida por la firma, pero ella quería que fuera de mutuo acuerdo y el Ayuntamiento lo hizo por incumplimiento del contrato y rechazó sus alegaciones.