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jueves | 25 abril | 2024
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra retomó ayer el juicio contra los dueños del club de alterne Pigalle, en Meis. La vista oral había sido suspendida en febrero ante la falta de una testigo de cargo.
En el banquillo de los acusados se sentaron un hombre y una mujer a los que la Fiscalía señala como supuestos autores de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un presunto delito de favorecimiento de la inmigración clandestina con ánimo de lucro y tres supuestos delitos de prostitución coactiva. A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual.
El acusado se declaró inocente y defendió que las mujeres que trabajaban en su local le denunciaron para legalizar su situación irregular en España. El hombre, de nacionalidad brasileña y con permiso de residencia en España, empezó a trabajar en el Pigalle como camarero y con el tiempo pasó a ser el encargado, acabando como socio. Además de él, en el local estaban contratadas una cocinera y seis camareras y, según aseguró, todos tenían permiso de trabajo y contrato.
Este acusado ha explicado que en el local se practicaba el “alterne” esto es, captación de clientes, acompañamiento y consumo de copas “y nada más”, pero rechaza que se ejerciese la prostitución. Ha indicado que el local sacaba beneficio de las copas.
En el establecimiento había cinco habitaciones y apunta que algunas de las camareras también vivían allí. Se les cobraba por la habitación, por las sábanas limpias y por los preservativos.Todos estos gastos quedaban anotados en una libreta al igual que el dinero que debían por los billetes del avión en el que viajaron a España y otros gastos como lencería y zapatos de tacón. También ha añadido que el horario de trabajo era de siete de la tarde a tres de la madrugada y afirmó que podían salir libremente, por lo que negó que se les amenazase por ello o que se les impidiese marchar.
Sobre las tres mujeres que le denunciaron ha afirmado que ellas “sabían a lo que venían” y que las tres ejercieron la prostitución en sus países de origen: Panamá, Chile y Venezuela.
Según la declaración de este acusado, el día antes de la redada de la Guardia Civil en la que fue detenido, en julio de 2018, discutió con una de las denunciantes a la que quería despedir porque había agotado el permiso de tres meses para estar en España.
La otra acusada, una mujer de origen rumano, ha declarado ante el tribunal que primero fue “alternadora” pero que después fue camarera detrás del mostrador y que tenía un contrato indefinido. Negó que hubiese una relación sentimental con el otro acusado.
Además, sostuvo que fue ella quien compró los billetes de avión a las tres denunciantes, pero rechazó que coordinase la actividad del local. Afirmó que la relación con las otras mujeres se había deteriorado.
Inicialmente, la Fiscalía solicita una condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club Pigalle y 22 años de cárcel para su compañera que, según sostiene el Ministerio Público en 2018, lo dirigía junto a él. Junto con la pena de cárcel y una indemnización de más de 33.000 euros para ellas, la Fiscalía solicita que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros 15 años en libertad vigilada. En el escrito de acusación, la Fiscalía asegura que los dos acusados, de acuerdo con varias personas que residían en Venezuela, captaban mujeres de ese país y, aprovechándose de sus problemas económicos, las hacían viajar a España para ejercer la prostitución en el club.
Sostiene el Ministerio Público que les obligaban a trabajar jornadas de hasta 12 horas, sin apenas días de descanso, les ponían “multas” si no trabajaban, padecieron reiteradas amenazas para que no se marcharan del club y, al menos una de las tres, habría sufrido un intento de violación por parte del administrador del local.
