jueves 17.10.2019

Fiscalía no ve delito penal en la obra del instituto Calasancio de Dorrón

Al denunciante le queda la vía de la interposición de un recurso contencioso administrativo
Vistas de las instalaciones deportivas del edificio Calasancio en Dorrón | d.a.
Vistas de las instalaciones deportivas del edificio Calasancio en Dorrón | d.a.

La Fiscalía de Medio Ambiente descarta el delito penal por parte de los funcionarios municipales que concedieron la licencia de obra del instituto Calasancio Hijos de la Divina Pastora de Dorrón y deja al particular que denunció las irregularidades del edificio la posibilidad de un contencioso administrativo. El Ministerio Público considera que de la investigación se desprende que una vez incoado el expediente de reposición de legalidad urbanística a instancias de la APLU, previa denuncia del particular, el Concello de Sanxenxo procedió a cumplir “escrupulosamente con las exigencias técnicas indicadas por dicha alta autoridad urbanística con la aprobación del plan sectorial”.

La Fiscalía recuerda que dio un plazo de tres meses a la promotora del Instituto Calasancio para presentar un plan sectorial que “regularizase” la obra. “Lo hizo porque la obra puede ser autorizable/regularizable”, añade.

La obra estuvo en el punto de mira de la Axencia da Protección e Legalidade desde el 2017 cuando incoó un expediente ordenando al Concello de Sanxenxo reponer la legalidad urbanística en la parcela que pasaba por el derribo total o parcial de las instalaciones. En el expediente de la APLU se advertía entonces que “no se trata de una construcción sencilla de una planta sino que tiene tres niveles. No es una ‘edificación de vestuarios’ como se desprendía del informe previo a la licencia del modificado”. En 2017, el instituto Calasancio de Dorrón presentó ante la Consellería de Medio Ambiente un plan especial para librar de la piqueta la edificación con fines deportivos de tres plantas construida en Dorrón. La obra del instituto llegó a los juzgados en marzo de este año a través de una denuncia particular en la se solicitaba a Fiscalía de Pontevedra que exija responsabilidad penal a las personas responsables por los “posibles hechos delictivos” en los que pudieran haber incurrido. En la denuncia, se pedía responsabilidad para los funcionarios públicos responsables del Concello de Sanxenxo por conceder la licencia de obra y para los que no repusieron la legalidad urbanística en el momento en el que la APLU de Santiago le comunicó la misma, permitiendo de esta manera la finalización de la obra y posterior aprobación de un Plan Especial para legalizar la obra.

También se pedía responsabilidad penal para los arquitectos que presentaron el proyecto que “no se ajusta a la ley y solicitan una licencia de obra al Concello de Sanxenxo”.

Fiscalía de Medio Ambiente da ahora carpetazo al asunto y aunque deja la vía libre al denunciante particular para un contencioso, en el informe señala que se trata de una obra en proceso de legalización.

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