Oubiña sobre el juicio: “El acusado parecía yo, siguen tratándome como un narco sin derechos”

Laureano Oubiña realizó ayer una valoración de la vista celebrada el martes por la denuncia interpuesta contra las productoras de la serie Fariña. El cambadés sintió que el acusado era él y no las empresas que, insiste, “han perpetrado una serie con delitos ficticios basados en nombres y apellidos reales”, los suyos. Es más, se queja de que “el sistema”, e incluye a la Fiscalía, que pidió la desestimación de su querella, “sigue tratándome como narcotraficante sin derecho a la libertad de expresión ni a la reinserción social”. 

Una cuestión, esta última, en la que incide en el comunicado de prensa pues considera que “todo el mundo merece” esa oportunidad que “tanto pregona nuestra Constitución (...) menos Laureano Oubiña”. De hecho, se lamenta de que “de poco sirve que haya cumplido mis condenas íntegramente” cuando “se brinda impunidad a corruptos, exterroristas o malversadores de fondos públicos, pero a un contrabandista retirado se le impide la reinserción social”, añade, nombrando a Otegui y Puigdemont y hablando de “indultos, amnistías o lo que haga falta”. 

Oubiña indica que el día de la vista “se me juzgó a mí, una vez más como ¿sospechoso o culpable” de aquella generación perdida de chavales devastados por la maldita heroína ¿A quién conviene mantener la ficción de que los contrabandistas gallegos somos responsables de la generación perdida?”, se pregunta y dice en referencia a los argumentos ofrecidos por los abogados de Bambú, Atresmedia y Netflix, que hicieron referencia a cuestiones de su pasado. “Tuve la impresión de que me iban a arrestar y engrilletar en cualquier momento”. “No se juzgó”, insiste, si estas productoras “tergiversaron o falsearon la realidad, imputándome acciones y delitos que nunca cometí”, tampoco si se “atentó contra mis derechos o los de mi mujer fallecida, a la intimidad y al honor” o “si se puede usar el nombre y el apellido real de una persona para impultarle delitos ficticios”, incide. 

Asimismo, el denunciante, que reclama una indemnización de 1,5 millones de euros, desmiente “rotundamente” que llamara “putas” a la presidenta de Érguete o sus compañeras o que alguna vez usara la expresión “queréis que os eche un polvo”, entre otras.