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jueves | 25 abril | 2024
La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero hizo unas declaraciones esta semana en las que afirmaba que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, este coste implica que el Gobierno asuma un gasto de 1.400 millones de euros con la finalidad de asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y de esta manera mantener el nivel de poder de compra de este colectivo, todo ello supeditado a que exista acuerdo en el Pacto de Toledo. Esta actualización se plantea, tal y como se testó en la anterior crisis económica, como el sustento clave de muchas unidades familiares en las que no entraba ningún otro ingreso.
La situación de las futuras pensiones no se encuentra ante un sistema de clara sostenibilidad, teniendo en cuenta el tsunami de la pandemia en el mercado de trabajo, se anticipa una grandísima merma en el ingreso de cotizaciones en la caja de la Seguridad Social, debida a la caída del empleo, todo ello unido a la entrada progresiva en edad de jubilación de los baby-boomers (nacidos entre 1956 y 1970) que tienen unas pensiones más caras por sus bases de cotización y a pagar durante más tiempo por mayor esperanza de vida, sin olvidarnos de que la fractura laboral en este momento se encuentra anestesiada por los ERTES, hace de esta situación un coctel deficitario (las cotizaciones contra pago de pensiones contributivas). No cabe la menor duda de que serán necesarios la formulación de ciertos préstamos/transferencias por parte del Estado, con la intención de sufragar ciertos picos de gasto, más allá de estas cuestiones puntuales se está planteando una reformulación del actual sistema de pensiones, que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha avanzado en cuatro líneas de actuación: la ya comentada revalorización del poder adquisitivo de los pensionistas, según el IPC, acortar la brecha entre la edad efectiva de jubilación (ahora 64 años y 6 meses) y la edad legal fijada (65 años y 8 meses que se elevará progresivamente hasta los 67 años en 2027), cambiar el diseño de los incentivos de previsión social complementaria y la transición progresiva hacia un sistema de tramos en el que los trabajadores autónomos coticen por sus ingresos reales, prestando especial atención a incentivar el retraso del momento de jubilación, bien rediseñando la compatibilidad entre el cobro de un salario y una pensión o mediante el cambio de bonificaciones para alargar la vida laboral, ya que según palabras del propio Escrivá “España es un país que bonifica muy poco su demora de la jubilación”.
Escrivá confía liberar la Seguridad Social, mediante políticas de reajuste aplicadas a gastos que considera impropios, como medidas de fomento de empleo, algunas prestaciones no contributivas, subvenciones a regímenes especiales, la tarifa plana de los autónomos, con todo ello se ahorraría unos 15.000 millones de euros según sus cuentas.
Otra de las medidas que se plantea es que a partir de 2022 se tengan en cuenta los últimos 25 años para el cálculo de la pensión que ahora se tiene en cuenta a 23 años y en 2021 serán 24. La mayoría de los especialistas coinciden en que sería mejor considerar toda la vida laboral, puesto que con el sistema de cálculo actual se penaliza a quien haya perdido su puesto de trabajo en sus últimos años de vida laboral y beneficia a quién mantuvo su puesto de trabajo hasta la jubilación. El ministro también ha anunciado su intención de promover los planes de ahorro de empresa, por encima de planes privados. Se trata de un instrumento poco conocido en nuestro país, que se presenta como voluntaria, para el que quiera, en el que la empresa sufragará una parte y el trabajador otra.
No olvidemos que el principal propósito de estas medidas es cumplir con Europa y que nos permita acceder a los fondos de ayuda tan necesarios.
*Noelia Puceiro es la
directora de INTER Asesoría
