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viernes | 19 abril | 2024
Los sindicatos CESM Galicia, Prosagap y Co-Bas han exigido al nuevo gerente del área sanitaria de Pontevedra, José Flores, que negocie un “plan de choque” para revertir la situación de “precariedad” que atraviesan sus hospitales y centros de salud.
Aunque reconocen “mejoras” en la planificación y la gestión del personal desde que Flores sustituyó al anterior gerente, José Ramón Gómez, las tres centrales sindicales advierten que no abandonarán la “hoja de ruta” trazada el pasado mes de julio. Si no se ven cumplidas sus demandas, aseguran, “iremos irremediablemente a la huelga”.
CESM Galicia, Prosagap y Co-Bas reclaman que este plan de emergencia se negocie “con la mayor brevedad posible” e incluya los recursos necesarios para contar con una plantilla “estable” que garantice una asistencia “digna, eficiente y de calidad” a la población.
Todo esto debe realizarse, según añaden los tres sindicatos, “sin que sea a costa” de los derechos de los trabajadores, entre ellos vacaciones, permisos o días de libre disposición.
“No somos nosotros los responsables de la deficitaria atención sanitaria que los ciudadanos reciben ni por acción ni omisión”, afirman las tres centrales sindicales.
A este respecto, demandan que se abran “de inmediato” todas las camas cerradas “hasta que no queden pacientes en los pasillos de las urgencias”, que se convoque un nuevo concurso público para la gestión de las ambulancias o que se cese al resto del equipo directivo anterior.
Los sindicatos sostienen que la situación actual es “herencia” del anterior gerente, al que achacan listas de espera “manipuladas y totalmente engañosas”, derivaciones a centros privados, reprogramaciones y anulaciones “continuas” de quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas o ingresos y estancias “innecesarias”, entre otras deficiencias.
En su balance, CESM Galicia, Prosagap y Co-Bas también apuntan a “irregularidades” en la gestión con adjudicaciones “a dedo”, privatizaciones “inexplicables” o una política de mantenimiento “desastrosa” con habitaciones y camas cerradas más de un año pendientes de obras, aparatos inoperativos durante meses y sin supervisar los contratos adjudicados.
