Se dice que la administración  cuanto más cerca mejor sirve a la ciudadanía por saber mejor sus necesidades. Lo mismo cabe decir de los juzgados de primera instancia que pueden evitar la corrupción por estar más próximos a los infractores.

Antes las obras y servicios se adjudicaban por subasta pública donde concurrían las contratistas con sobre cerrado y lacrado. Y los funcionarios y políticos los abrían delante de los contratistas y del público que quisiera asistir y se le adjudicaba al mejor postor.

La reforma de la ley de Régimen local en 1985 y otras leyes fueron cerrando ventanas facilitando la corrupción.

La reforma de la ley de Régimen local en 1985, y otras leyes que le siguieron, facilitaron la corrupción, por ser menos transparentes que las anteriores y se hicieron en el fragor de ansias de la democracia. Fue el poder local de los partidos que presionaron al legislador para que dejara manos libres a los alcaldes en aras de una gestión más eficaz. Así cayó todo el poder municipal en el alcalde que nombra a los suyos copando la comisión de gobierno al completo, mientras que con la ley de Régimen Local anterior el gobierno local lo formaban los concejales también de la oposición en proporción al número de votos obtenidos por cada partido. Había contrapesos.

Con las nuevas leyes de contracción los responsables de las  obras y servicios las adjudican  a  la empresa que quieren  aunque sea la más cara. Cuando alguien oferte hacer la obra, o servicios, más barato que el competidor, es corriente que aparezca un informe del funcionario que diga que es baja temeraria, quedando desierta, y se vuelve a sacar hasta que la obra la coja el que quiera el gobernante. La treta de la baja temeraria no se sostiene, porque el proyecto de obras las encarga y los paga la administración, y si no hacen bien la obra para eso el adjudicatario tiene depositado avales para garantizarla.

Otro truco que garantiza la corrupción es adjudicar la obra y luego hacer ampliaciones triplicando el coste de la obra adjudicada, así ocurrió con la Ciudad de la Cultura que fue proyectada y adjudicada en 108.000.000 euros, y van gastados más de 400 millones y aún faltan por construir los dos edificios más importantes, y así tantas otras a lo largo y lo ancho de España.

Ya no me meto en los enchufados en las administraciones públicas por la puerta de atrás, porque creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar, ni tampoco las puertas giratorias que ocupan los gobiernos que privatizaron las empresas públicas.

Un pescado por donde primero se corrompe  es por la cabeza y se extiende por todo el  cuerpo. Lo mismo pasa en el sistema. La solución  viene de arriba y se extiende hacia  abajo. Los de arriba pueden legislar para evitar la corrupción. Así ganará el interés general compitiendo los mejores, y los juzgados de primera instancia controlarán las corrupciones en su demarcación atendiendo las denuncias de los concejales y otros, y actuar ante las noticias que puedan ser delictivas castigando a calumniadores. Son los fiscales y jueces los que pueden perseguir las corrupciones. Es mi experiencia de exalcalde.