estamos asiendo al mayor debate sobre la Ley de “sí es sí”, que los políticos tuvieron para aprobarla. Hay jueces en Madrid que rebajan la condena con la nueva ley; por el contrario el Tribunal de la Rioja no la rebaja siendo la misma ley. Escuché al portavoz de la Asociación de Jueces, Francisco de Victoria, y dijo que la Ley es buena, lo mismo dijo el portavoz de Jueces para la Democracia. En la misma línea el magistrado emérito del Supremo Martín Pallín, dijo que se podía recurrir a las transitorias segunda y quinta del código penal de 1995 para no rebajar las condenas.

Pero hay que recordar que los jueces pueden crear jurisprudencia cuando haya una laguna legal, recogiendo el espíritu de la ley, que como este caso aprobó el parlamento por amplia mayoría.

Está claro que el legislativo cuando aprobó la ley de “sí es sí” lo hizo para proteger a las víctimas de abusos sexuales quedando a cargo de los jueces hacer efectiva la ley. Cualquier persona con sentido común me dice que cuantas más leyes haya más campo queda a los abogados caros para embrollar en los tribunales en defensa de sus clientes. Las leyes deben ser claras como la hoja de instrucciones de un aparato para que funcione, sin dejar lugar a interpretaciones. Así encontramos abogados y jueces escogiendo la rama del manojo de tantas leyes para acoplarlas a su ideología, no siempre coincidente para reparar el daño causado.

Que las leyes las hace el legislador elegido por el pueblo soberano nadie lo duda, pero no estaría mal que los órganos judiciales se implicaran en la elaboración de las leyes para no poner pegas una vez aprobadas. Pero tampoco es de recibo la crítica de la ministra haciendo tabla rasa de todo un colectivo de jueces/as.

Un partido que gane las elecciones y pase a gobernar las instituciones ya no es libre para arremeter contra nadie. Solo debe dar explicaciones de su trabajo educadamente con diálogo. Fue más prudente Sánchez al decir que había que esperar a lo que dijera el Supremo, a diferencia de Irene Montero que se olvidó de que era ministra. Pero eso no quita el mérito de impulsar desde de su ministerio de asuntos sociales una ley tan necesaria. Era de esperar que la oposición al gobierno vaya a por ellos aún sin tener la razón. La ley fue aprobada por la mayoría de los diputados/as del Parlamento, no solo de la ministra y de Sánchez, como la oposición les acusa pidiendo su dimisión desde el principio de la legislatura.

Los jueces deben hablar por las sentencias y los ministros gobernar, que bastante tienen, sin perder el tiempo en descalificar. No hacer como Ayuso a la que se le critica por no limitarse a gobernar su comunidad, haciendo oposición a su oposición, y no conforme, también hace oposición a Sánchez quitándole protagonismo a Feijoo, lo mismo a Casado.

Sea como sea, la verdad es que los órganos judiciales siguen cuatro años sin renovar incumpliendo la Constitución, siendo culpables los partidos que nombraron a jueces en los órganos de dirección de la justicia, que ahora se atrincheran en sus puestos impidiendo cumplir la Constitución en perjuicio de los intereses generales.