La selectividad, que determina el futuro académico y profesional de los estudiantes, fue un éxito por la elevada cifra de aprobados, pero sigue siendo muy cuestionada por muchos profesores y por los mismos estudiantes por la falta de objetividad en las pruebas y por los criterios distintos de evaluación de unas comunidades a otras. 
 

Hasta ahora, los estudiantes que se examinan en comunidades menos exigentes obtienen mejor calificación y pueden acceder a carreras con nota de corte alto, mientras que los que se examinan en autonomías más rigurosas, como es el caso de Galicia, quedan a las puertas de sus carreras preferidas en muchos casos por unas décimas.  
 

La explicación está en que hay 17 modelos de pruebas y 17 pautas de calificación “para un distrito universitario único”. La desigualdad, escribe el inspector de educación Juan Carlos Varela Vázquez, “empieza en bachillerato, cuando el 60% de la calificación de la prueba lo determina el centro educativo”. En los últimos seis años, añade, se ha disparado la inflación de sobresalientes en esta etapa y esa desigualdad culmina en la corrección de las pruebas con valoraciones diferentes. 
 

“No es justo que los gallegos nos enfrentemos a exámenes duros y correcciones rigurosas. En otras comunidades son menos exigentes, suben las notas y esos alumnos acceden a nuestras universidades por sus calificaciones trucadas”, decían estudiantes gallegos que peleaban por unas décimas para estudiar la carrera elegida y lamentaban que les arrebaten sus plazas colegas foráneos que “superaron” pruebas más sencillas y calificadas al alza. 
 

El problema de la selectividad está bien diagnosticado: ni es objetiva, ni igualitaria, la desigualdad es crónica. Por eso, hace años que desde muchas instancias se pide recuperar la prueba única sobre asignaturas comunes de todo el estado -matemáticas, historia, idiomas…-, como ocurre en el examen MIR, que nadie cuestiona. Un estudio de EsadeEcPol concluye que es necesaria avanzar hacia una mayor uniformidad y armonizar criterios de corrección, ahora muy distintos entre sí. 
 

No se trata de recentralizar. El objetivo es recuperar la ABAU como prueba homogénea que garantice la igualdad real de oportunidades y acabe con esta situación de desigualdad consolidada, en la que unos estudiantes logran mejores notas que otros no por su rendimiento académico, sino por una corrección más laxa en la comunidad donde realizan los exámenes. 
 

Pero no hay voluntad política y académica para solucionar el problema. La educación en España siempre estuvo manipulada por intereses políticos que no piensan en la injusticia que sufren los alumnos en las pruebas de la ABAU. Por eso, el próximo año volveremos a decir lo mismo.