Una empresa del sector de productos congelados ubicada en Caldas de Reis ha sido una de las víctimas de una red empresarial dedicada a la estafa y el blanqueo de capital, desmantelada recientemente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra en el marco de la Operación Bipesca.

La investigación se inició a finales de 2024 tras la denuncia de una empresa viguesa, también del sector del mar congelado, que alertó sobre una estafa por valor de 90.000 euros. El fraude se había materializado mediante un pedido formalizado con un pagaré a 60 días que resultó ser inválido.

Poco después, los agentes descubrieron que el mismo grupo había utilizado un método similar para estafar a otra empresa del sector ubicada en el municipio caldense, por un importe de 15.000 euros. La red, que operaba bajo una apariencia de legalidad, se dedicaba a adquirir productos que luego revendía a precios inferiores, obteniendo así beneficios inmediatos que posteriormente blanqueaba a través de transferencias a cuentas digitales en varios países europeos.

El cabecilla del grupo es un vecino de Melón, en Ourense, de 45 años, detenido en enero tras un registro en su domicilio. También están siendo investigados un ciudadano portugués de 30 años, presunto administrador de la empresa, para quien se ha solicitado una Orden Europea de Investigación, y una abogada colegiada en Pontevedra, de 29 años, por recibir dinero procedente de las estafas en su cuenta personal.

El caso está siendo instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Vigo, que investiga además cómo esta red logró engañar a una entidad financiera, que concedió un préstamo de 8.000 euros que nunca fue devuelto.

Según la Guardia Civil, la empresa utilizada para cometer los delitos había comenzado su actividad de forma legal, pero fue transformando su estructura para ocultar el origen ilícito de sus operaciones. Entre las maniobras detectadas figuran el cambio de denominación social hacia una más relacionada con el ámbito marítimo, el traslado ficticio de su sede a Zaragoza y la sustitución del administrador por una persona de nacionalidad brasileña residente en Portugal.

Gracias al análisis de los movimientos bancarios, los investigadores han conseguido desmantelar esta compleja estructura, en la que la empresa caldense figura como una de las perjudicadas.