El Ministerio de Igualdad investiga como un crimen machista el suceso de Campo Lameiro en el que aparecieron calcinados una mujer de Caldas y un hombre de Moraña con condenas previas  por maltrato y una orden de alejamiento en vigor. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género habla de “asesinato” en su cuenta de X, pero fuentes institucionales siguen señalando que no hay confirmación oficial de que se trate de un caso de violencia contras las mujeres.

Cabe recordar que el hallazgo de los cuerpos en un lugar apartado de Campo Lameiro fue el 31 de mayo y, desde aquel entonces, las instituciones solo han confirmado la identidad de las dos personas y que ella estaba registrada en el sistema Viogén como “de riesgo alto”. Esta misma semana el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, daba unas declaraciones que han suscitado reacciones inmediatas por parte del BNG al tacharlas de “retrógradas y reaccionarias”. Losada defendía el trabajo de la Guardia Civil y señalaba que “no se puede proteger a quien no quiere ser protegida”, en referencia a la mujer. Tras esto la senadora nacionalista Carme da Silva ha registrado una pregunta en la Cámara Alta para saber si el Gobierno “comparte estas declaracións” y pone el acento en que estas afirmaciones son “propias de tempos pretéritos” y que contravienen “todo o avanzado ante a violencia machista”. Da Silva declara que “non podemos volver aos tempos nos que se culpabilizaba ás mulleres do maltrato dos seus homes e compañeiros”. De hecho reclama al Gobierno que investigue “a fondo” por qué falló el sistema Viogén en el que la caldense figuraba como de riesgo alto. Cree el BNG que el sistema no funcionó de “forma reiterada” y se pregunta por qué el hombre, con dos condenas previas por violencia machista, se pudo saltar la orden de alejamiento vigente. El BNG recuerda al Ministerio de Interior que una orden de alejamiento y un riesgo elevado implican “unha vixiancia extrema” y que, en caso de que se incumpla, el agresor debe ser detenido y encarcelado por el quebrantamiento de dicha instrucción. Da Silva afirma que “se sabía” que la víctima convivía con el agresor en una vivienda en Moraña “sendo ela a maltratada e con golpes visibles no seu corpo” y que incluso la Guardia Civil acudía de forma periódica al domicilio a comprobar que la víctima estaba en casa. 

Da Silva se pregunta referente a las declaraciones de Losada: “Como se pode falar dun estado garantista cando un maltratador acreditado e condenado cunha orde de alonxamento que vulnera constantemente non cumpre prisión en ningún momento e móvese libremente e continúa maltratando á vítima?”.

Varias localidades de Arousa, entre ellas Moraña, Vilagarcía y Ribeira, acogieron concentraciones feministas de condena a lo sucedido en Campo Lameiro y a las palabras del subdelegado.