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viernes | 26 abril | 2024
El Gobierno ha dado vía libre a una de las medidas más esperadas en cuanto a previsión social complementaria, los planes colectivos de pensiones de promoción pública, un instrumento de ahorro para la jubilación.
Las empresas podrán reducir de sus bases de cotización hasta 115 euros al mes (1.380 euros al año) por cada trabajador. Según la Seguridad Social esto supondrá un ahorro a la empresa por salario medio para la empresa de hasta 400 euros por trabajador.
Este es uno de los incentivos con los que el actual Gobierno pretende estimular los planes colectivos de pensiones en las empresas, como elemento complementario a la prestación de la Seguridad Social, cuya ley se pretende que esté aprobada en junio y que pueda entrar en vigor en enero del año 2023. Este ahorro de costes en las cotizaciones va a venir acompañado de ciertos incentivos fiscales. La persona trabajadora tiene opción a superar la aportación realizada por la empresa, pero en su conjunto no podrá superar la cuantía de 10.500 euros al año de ahorro como deducción fiscal.
La aportación máxima que podrá realizar el trabajador, se define por tramos en función de la aportación realizada por la empresa, como ejemplo si la empresa aporta 500 euros (42 euros al mes) el trabajador podrá complementarlo con 1.250 euros (2,5 veces lo que ponga la empresa), a esto hay que sumarle la cantidad de 1.500 euros que se fijan como límite máximo deducible en los planes de pensiones individuales, por lo tanto el total de la posible deducción anual sería de 3.250 euros anuales. Según algunos expertos, que la aportación máxima se regule por tramos, lo hace un sistema demasiado complejo, y en la práctica resultaría casi inviable que un trabajador pueda alcanzar la deducción máxima permitida de los 10.500 euros anuales combinado con su plan de empleo individual, al vincular la aportación máxima que pueda realizar el trabajador a la realizada por la empresa, que no puede superar dos o dos veces y medio más que lo que aporten los empleadores.
Por lo tanto esta nueva regulación es una dura penalización a los planes de pensiones individuales, puesto que desde los 8.000 euros anuales que se podían deducir en el IRPF en 2020 se pasó a los 2.000 euros en 2021 y este año se aprueba solamente 1.500 euros.
En el caso de los autónomos, la cantidad máxima deducible en el IRPF en su plan de pensión es de 5.750 euros al año. Esta cuantía supone la mitad de los 10.500 euros permitidos a los trabajadores en los planes de pensiones colectivos, a pesar de que es un colectivo que no depende de la poca o mucha generosidad de sus empleadores.
Esta medida, en la que se contemplan los máximos deducibles en función de si eres persona trabajadora o autónomo y que se vincula a la aportación que hubiese realizado la empresa resulta muy polémica, puesto que da la sensación de que es totalmente arbitraria. Además que se deja en el cajón del olvido la posible deducción o incentivo fiscal para la empresa.
Las comisiones de gestión que no podrán superar el techo de 0,5% son un atractivo de estos planes de pensiones, puesto que en el sector financiero rondan los 1,5%.
Parte importante es conocer quien pueden promover los planes de pensiones, en este caso las empresas incluidas en los planes sectoriales dentro de la negociación colectiva, por lo que da la sensación de que los planes de pensiones quedan relegados a grandes empresas, puesto que es más probable que funcione donde los sindicatos tengan mayor capacidad de presión. Por otra parte, también las asociaciones de autónomos podrán promover estos planes de pensiones, sin ser necesario formar parte de las mismas, también las administraciones y empresas públicas.
Siendo el caso de que el Gobierno pretende abaratar el producto reduciendo los costes de gestión, con la finalidad de hacerlo más accesible a rentas medias-bajas e incentivar el ahorro también en autónomos y pymes ¿Qué más le da al Gobierno que el dinero esté en planes de pensiones individuales o colectivos?
*Noelia Puceiro es la directora de INTER Asesoría
