viernes 21.02.2020

Una sentencia en Lugo pone en jaque el veto de Ravella a los circos con animales

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Lugo pone en jaque el acuerdo de la Xunta de Goberno Local por el que se prohíben los circos con animales en Vilagarcía.

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Lugo pone en jaque el acuerdo de la Xunta de Goberno Local por el que se prohíben los circos con animales en Vilagarcía.
El magistrado Marcos Amboage admite parcialmente el recurso del Circo Parada contra el Concello de Ribadeo por no permitir el espectáculo. El juez considera que el ayuntamiento “se ha excedido en sus competencias” y hace notar que en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local “no se contempla ningún título que habilite a la aprobación (por parte de los concellos) de una decisión como la que se discute”.
 

Polémica en Vilagarcía
La sentencia es relevante si se tiene en cuenta que Vilagarcía es uno de los concellos gallegos en los que hay aprobado un acuerdo contra este tipo de espectáculos.
Para hacer cumplir dicho acuerdo, el ejecutivo de Alberto Varela incluso llegó a cortarle los suministros básicos (la luz y el agua) a un circo que se instaló en una finca privada al lado del colegio A Escardia a finales del mes de abril.
Sin embargo, el regidor tuvo que restablecer la conexión a ambos servicios por orden del juzgado y aunque amenazó con precintar el circo e impedir la función, finalmente el espectáculo se celebró durante los tres días previstos.
Ahora una sentencia pone en duda que la negativa del Concello a conceder licencia al Circo Vienna tenga base legal, tal y como ya advirtieron en su día desde la propia empresa afectada.
La polémica se enquistó de tal forma que ambas partes anunciaron que recurrirían a los tribunales. El alcalde anunció que presentaría una denuncia por desobediencia y desde el circo, por su parte, se reservaron su derecho a presentar un contencioso contra la negativa de licencia.
De ser así, la sentencia de Ribadeo marca un antecedente legal, al negar que los ayuntamientos tengan competencias para prohibir estos espectáculos. Por otra parte, la tramitación de la ley autonómica que regulará esta cuestión sigue adelante.

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