miércoles 25/11/20

Justicia interruptus

No tan poco como la república de Puigdemont, ocho segundos, pero no mucho más

No tan poco como la república de Puigdemont, ocho segundos, pero no mucho más, un día, ha estado vigente la sentencia que atribuía a los bancos, y no a los clientes, la obligación de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas. Hay, por lo visto, sentencias firmes de una fragilidad y fugacidad tan extremas que basta un soplo para derribarlas.
La sentencia no venía sino a reconocer jurídicamente una sencilla pero apabullante verdad, la de que el prestamista es el único interesado en registrar oficialmente el acto del préstamo, pues el que lo recibe no tendría inconveniente en que ningún documento con valor jurídico lo recordara. Merced a ese impuesto, cuyo pago los bancos y Hacienda han venido haciendo recaer sobre el ciudadano, las entidades crediticias no solo se aseguraban la protección jurídica frente a eventuales impagos, sino la luz verde para toda clase de ensañamientos con el cliente caído, como el de hacerle seguir pagando después de quitarle casa el préstamo íntegro con sus intereses.
En tiempos tan oscuros, cuando ni particulares ni instituciones parecen inspirar ninguna confianza, sobre todo en lo tocante al sucio dinero, lo único que faltaba es que el último vestigio de civilidad, la Administración de Justicia, nada menos que el Tribunal Supremo, proporcionara a la ciudadanía, casi toda ella hipotecada, un espectáculo tan lamentable como este de desdecirse de una sentencia por su gran “repercusión”, que no es otra que la de hacer pagar algo a quien debe hacerlo.
Todas las sentencias tienen su repercusión, y no por ello dejan de dictarse. La de la semana pasada relativa a este caso tenía también la suya, pero no era la de que por designar quién debe pagar un impuesto, los bancos, estos creyeran que iban a forrarse un poco menos con sus préstamos, o porque, en consecuencia, ese día les fuera de pena en la Bolsa, sino el alivio que esa sentencia llevaba a los atormentados bolsillos de los españoles. Esa era la verdadera repercusión de la sentencia del Supremo, el alivio de los españoles.

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