lunes 16.09.2019

Igualar por arriba

Parece mentira que sigan negociándose o produciéndose traspasos de competencias a las Administraciones regionales después de cuarenta años de vigencia de la Constitución y a casi tres décadas de distancia de los segundos y últimos pactos autonómicos. Y es que así continúa siendo posible porque la ley fundamental dejó excesivamente abiertos e imprecisos aspectos esenciales del modelo autonómico y entre ellos, éste de la delimitación y cierre definitivo de las competencias.
En estos momentos, hay dos solicitudes importantes sobre la mesa del Gobierno: la presentada por el secesionista Torra y la remitida por el Ejecutivo vasco de Urkullu para la transferencia de treinta y tres competencias pendientes de hacer llegar a aquella comunidad.
De la primera, el presidente Sánchez no quiere informar, hasta el punto de no haberse personado en el Senado, requerido como estaba para hablar de ello. En realidad, quien debería hacerlo es el presidente de la Generalidad catalana como emisor que ha sido del papeliño en cuestión. Pero tampoco lo ha hecho hasta ahora. Debe de estar agazapado en alguna carpeta de la vicepresidenta Calvo, que es quien ha asumido la negociación con los golpistas.
Y sobre la segunda cabe decir que las conversaciones arrancarán en febrero, aunque uno de los dos platos fuertes –cárceles– habrá de esperar hasta el final del proceso, en julio, y el otro –gestión económica de la Seguridad Social– ha quedado fuera de agenda. Una sensación agridulce, pues, dicen que ha dejado en Vitoria el inicio del proceso negociador luego de siete años de parón durante los gobiernos del PP.
No obstante, tiene su aquél que tras la experiencia del trato dispensado a los políticos presos en la cárcel catalana de Lledoners bajo la responsabilidad de las autoridades autonómicas, se pretenda un traspaso similar del sistema penitenciario a otro Gobierno de vocación independentista cual es el comandado por el PNV. Pero en fin, es lo que hay.
Extramuros de los dos territorios citados, las reacciones no se han hecho esperar. Aquí, el BNG removió las primeras aguas y al final todos los grupos han respaldado en el Parlamento una proposición no de ley en la que se reclama la convocatoria de la Comisión mixta de transferencias con un objetivo que podría parecer un brindis al sol: negociar no sólo los traspasos competenciales pendientes –casi una veintena–, sino también todos aquellos que la Xunta considere convenientes, contemplando todos los que ya fueron materializados o que en estén en curso con otras comunidades autónomas”.
Se trataría de revivir de alguna manera la llamada “cláusula Camps”, tan denostada en su tiempo (2006) tanto por tirios como por troyanos y que, como se remonta al entonces presidente valenciano y a la garantía incluida en el estatuto de que la comunidad podría aspirar a cualquier competencia que obtuvieran otras. Camps miraba a Cataluña, que andaba a vueltas con el suyo.

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