Otro regalo

Amparándose en una disposición transitoria del Estatuto de autonomía no declarada anticonstitucional, pero sí sometida a interpretación conforme por el TC en su célebre sentencia de 2010, Pedro Sánchez y su Gobierno se disponen a dar a Cataluña un nuevo trato de privilegio para ver si, con una lluvia de millones a mayores y otras prebendas, la seducen y los independentistas terminan por dar el visto bueno a la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE) y así asegurar de momento la continuidad del sanchismo en la Moncloa.

Se trataría de resucitar la disposición adicional tercera del Estatuto de 2006, en virtud de la cual se equiparó al Producto Interior Bruto catalán la inversión estatal en infraestructuras en aquella comunidad. El Ejecutivo del PP nunca la cumplió: en sus últimos presupuestos de 2018 la dotación fue de 1.350 millones de euros; esto es, el 13,3 por ciento del total, pese a que el PIB representaba el 19,2 por ciento. 

Y no lo cumplió, entre otras razones, porque, digan lo que digan en la Generalidad y aledaños, no tenía obligación alguna, ya que el Constitucional había dejado establecido que tal disposición “no podía tener en modo alguno efectos directamente vinculantes para el Estado” y que sólo así interpretada se podría librar del vicio de la anticonstitucionalidad. 

Pues bien, Pedro Sánchez, su Gobierno, el Partido Socialista y los correspondientes altavoces mediáticos se aprestan a justificar como obligación derivada del Estatuto lo que no es más que un nuevo trato de favor al independentismo catalán, que siempre ha mantenido tal exigencia sobre la mesa. Se trataría,  además, de una invocación o argumentación caducada, pues tal equiparación PIB regional / inversión estatal estaba prevista para un periodo de siete años. Y ya hace tiempo que éstos pasaron a mejor vida.

Lo que parece claro es que  en lo relativo al meollo, a la teoría,  del proceso independentista los desencuentros entre las partes son notables. Léase referéndum de independencia y absolución o indulto para los golpistas. Y así lo seguirán siendo públicamente, al menos hasta el juicio y la sentencia del Supremo. Pero en cuanto a la gestión del día a día sí hay lugar para acuerdos. Y no pequeños.

Reciente prueba de ello es también el previsto abandono del FLA (Fondo de Financiación Autonómica) para pasar al FFF (Fondo de Facilidad Financiera), un sistema de financiación extraordinaria todavía más barato, pero sobre todo menos exigente en el control de gastos y pagos. 

Es decir, que el Gobierno de España les seguirá asegurando la liquidez, adelantando el dinero, pero para que la Hacienda autonómica pueda hacer luego con él un poco lo que quiera, sin rendir mayores cuentas. Esta sería otra exigencia del Gobierno independentista, que ya tendría el visto bueno de Moncloa a pesar de no ajustarse del todo a lo previsto al respecto.