Es cuestión de liquidez

Autónomos y pymes necesitan mantener las constantes vitales, que se traduce en la necesidad de liquidez a corto plazo e inmediata, para paliar los efectos de esta tormenta vírica que nos ha tocado vivir y continuar manteniendo el pulso de nuestro tejido empresarial. 
Las empresas precisan contrarrestar las pérdidas ocasionadas por esta paralización de nuestra actividad económica que se puede hacer más o menos larga en el tiempo -en función de que ese horrible contador de víctimas de esta epidemia pare de forma fulminante-es prioritario dotar a las empresas del capital necesario para superar esta “gran contingencia” y así puedan mantener su actividad, sus empleos, sus proveedores, sus clientes...no se trata de dar un mayor o menor beneficio al final del año, si no que una empresa o negocio perfectamente viable en condiciones normales no acabe quebrando.

Está constatado que crear una empresa en nuestro país y no me refiero al mero trámite de la constitución de la forma jurídica, supone el trabajo de cinco años para llegar a consolidarla y poder considerarla como un negocio maduro, por lo que podemos decir que el ritmo de creación y crecimiento de nuestro tejido empresarial es lento, consecuentemente el lugar que deja una empresa cuando deja de existir, nunca será sustituible en el medio plazo por otra, ni a efectos de creación de empleo, ni de recaudación de impuestos y tampoco de generación de negocio.

Dicho esto para tomar conciencia de lo que nos traemos entre manos, se anunció desde el Gobierno la movilización de 100.000 millones de euros en avales estatales para cubrir los créditos nuevos y renovaciones a pymes y autónomos; de esta manera los bancos consiguieron por parte del Estado un gran compromiso, asumiendo por su parte un menor riesgo en las operaciones crediticias y así poder ser ágiles a la hora de  inundar de circulante para paliar la necesidad de liquidez y financiación para que aquellas empresas y autónomos afectados por esta crisis puedan sobrevivir. A diferencia del resto de Europa, en nuestro país se optó por liberar estos avales por tramos poco a poco, por lo que se considera una medida comedida y tímida, que no acaba de proporcionar demasiada tranquilidad y confianza a nuestro tejido empresarial. Con esta disposición, previsiblemente el papel que jueguen en esta crisis sanitaria las entidades financieras sea muy diferente al adquirido en la crisis del 2008, ya que se parece más a un instrumento estatal utilizado a modo de rescate de nuestra actividad empresarial. 

Decepción, es la palabra que más he verbalizado y escuchado estos días por parte de colegas asesores fiscales y empresarios, en relación a la poca sensibilidad que el Gobierno ha mostrado al no conceder moratorias o retrasos en el plazo de presentación de las declaraciones o autoliquidaciones, a pesar de las múltiples peticiones que recibieron al respecto, aunque estamos en tiempo de una razonable rectificación. La “gran medida fiscal adoptada” para esta situación excepcional, es la posibilidad de aplazamiento de la deuda tributaria que no exceda de 30.000 euros a 6 meses, no cobrando intereses durante los 3 primeros meses, es decir a grandes rasgos utilizar una medida ya existente antes del impacto del COVID-19 pero con un descuento del 50% de los intereses. Para aquellas empresas y autónomos que se encuentren con dificultades de liquidez, esto no presenta una solución, puesto que los aboca a tener que pedir financiación también para el pago de sus impuestos, por paradójico que parezca.

Por nuestra experiencia en crisis anteriores, ante la perspectiva de la caída importante de ingresos, será vital que la empresa adecúe su estructura de deuda a la nueva situación (realizar una reestructuración de deuda) para garantizar la viabilidad de su negocio, utilizando para ello las posibilidades que la legislación reciente nos ha ofrecido con motivo de la última crisis financiera, en materia, por ejemplo, de homologación judicial de acuerdos de refinanciación.

Más que nunca, ante el nuevo escenario, es necesario echar mano de la economía doméstica y prestar especial atención a nuestra contabilidad, realizar un eficiente uso de todas las herramientas fiscales que el derecho tributario nos permite, ya que aplicándolas de una forma adecuada puede ser un instrumento de mejora y optimización de liquidez.

*Noelia Puceiro es la directora de INTER Asesoría