Al juzgado de Cambados comenzaron a llegar ayer los primeros imputados en la investigación por urbanismo que dirige el titular del número 2, el juez Juan Manuel Hermo, junto al fiscal David de La Fuente.
El exconcejal de Urbanismo, Ángel Casal, fue el primer cargo público en ser interrogado por el juez. Se le imputa un delito de prevaricación urbanística vinculada al expediente de Ferro Mesego por la construcción de cuatro chalés junto al cementerio de Dorrón.
El interrogatorio se prolongó durante más de una hora, en la que Ángel Casal respondió a todas las preguntas planteadas por el juez. Así, tuvo ocasión de defender su inocencia e insistió en que todas las decisiones que tomó durante los cuatro años (2007-2011) que estuvo al frente de la Xerencia de Urbanismo fueron “tendo en conta o interese xeral”.
El exedil, que se mostró “totalmente tranquilo”, consideró “normal” su imputación en el marco de una investigación de estas características, dado su cargo. A pesar de ello, el juez confundió en varias preguntas la época en la que Casal ejercía como titular de Urbanismo, refiriendo sus preguntas a la época en la que Martín obstentaba la Alcaldía de Sanxenxo.
 Juan Manuel Hermo preguntó también a Ángel Casal por la posible intencionalidad política que podría ocultarse tras las denuncias formuladas por particulares, y que derivaron en la imputación de un total de 13 personas. Pero Casal evitó valorar estas cuestiones, que dijo desconocer.
El expediente de Ferro Mesego es complejo y ha provocado no solo la imputación de Ángel Casal, sino también de Encarnación Rivas, quien siendo gerente de Urbanismo emitió un informe denegando la licencia a la promotora y en el que hacía referencia al incumplimiento de los 50 metros de distancia que debían mantenerse con respecto al cementerio de Dorrón. El asunto se archivó para reabrirse tiempo después. Fue entonces cuando la exasesora Belén Louro firma un informe que favorece la concesión de la licencia y la ejecución de las obras, con el visto bueno del arquitecto municipal.
Y es que inicialmente la obra del cementerio se trataba como construcción nueva y luego se concedió licencia como si fuese una ampliación del viejo cementerio.
En el pleno del lunes, la alcaldesa aseguró que conoció el problema de este expediente cuando, acompañada por el presidente de la asociación de vecinos de Dorrón, descubrió el informe de Sanidad al respecto.
Fue entonces cuando desde el Concello comienzan la tramitación para la derogación de la licencia de unos chalés que ya estaban en estructura y que se mantienen en pie frente al cementerio, con una maleza que casi les supera en altura.
La derogación de aquella licencia supuso al Concello el pago de una indemnización cercana a los 900.000 euros.
Sobre estas cuestiones la alcaldesa dará cuenta ante el juez este viernes, y también deberá hacerlo Encarnación Rivas, mañana jueves.