El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña cita al Concello de Vilagarcía como responsable subsidiario en la causa de la presunta estafa por la venta de la sede del Liceo Marítimo. En caso de que se fije una indemnización, tal y como solicita la Fiscalía, Ravella tendrá que abonar la cantidad requerida conjuntamente con dos de los cuatro acusados, Álvaro Paz y Francisco Otero, con la sociedad liceísta que preside Antonio Castro y con la empresa Inversiones Liceo Marítimo S.L., a los propietarios de una finca que servía de camino de servidumbre y que se incluyó en la venta de los terrenos a una inmobiliaria.

En el banquillo se sentarán, además de Paz, expresidente del Liceo, y del arquitecto Otero Méndez, José Manuel Blanco y Jorge Luis Viña, representantes de la firma Coinasa, que se hizo con los terrenos para la construcción de una urbanización que, por el momento, continúa paralizada.
Petición de penas

Para ellos pide el fiscal cuatro años de cárcel por un delito de estafa. Además, el ministerio público considera que los acusados deberán indemnizar con 252.521 euros a los demandantes. Una cantidad que, de fijarse finalmente en una sentencia, tendría que repartirse con el Concello, el Liceo e Inversiones Liceo Marítimo, como responsables subsidiarias.

El papel de la administración municipal se centró en este caso en concederle la licencia de construcción a Coinasa y en aprobar el proyecto de urbanización que incluía los terrenos en litigio, sobre los que discurrirían nuevos viales. Ambos trámites se llevaron a cabo en 2009, cuando gobernaban el PSOE y el BNG en Ravella.

El Código Penal establece que son responsables civiles aquellas personas naturales o jurídicas “por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores, en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

La acusación particular no solicita indemnización alguna y rebaja a tres años la petición de cárcel por el delito de estafa, aunque pide dos años más a Blanco, Paz y Viña por falsedad documental. Asimismo, pide que se impongan multas de 72.000 euros para el expresidente del Liceo y para el arquitecto, y de 36.000 para los otros dos acusados..

El Juzgado de Instrucción número 7 de Pontevedra ya dictó auto de apertura de juicio oral, que será en el Juzgado de lo Penal, aunque por el momento no hay fecha de señalamiento, que estaba previsto para finales de mes pero se aplazó. La Xunta de Goberno Local dio cuenta de este auto en una de sus últimas sesiones y acordó comparecer.

Un contrato de 2002
Aunque en el banquillo de los acusados se sentará Álvaro Paz, lo cierto es que el contrato de compraventa que dio lugar a este proceso judicial se firmó en 2002, tres años antes de que el acusado accediese a la presidencia del Liceo, cuando la entidad estaba bajo el mando de José Manuel Pérez Vallejo, que está citado en calidad de testigo. El papel de Paz Tarrío se limitó a la firma de la solicitud al catastro para que incluyese los 2.797 metros cuadrados que figuraban en el contrato (frente a los 2.500 que se recogían) y la firma del documento por el que se eleva a público dicho contrato.