El vilagarciano Óscar Manuel Rial Iglesias, más conocido como “el Pastelero”, fue condenado por el Juzgado de lo Penal de A Parda a seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por defraudar 381.533,44 euros en la declaración de la renta del año 2011.
Un acuerdo con el Ministerio Público permite al vilagarciano eludir la acusación de blanqueo de capitales que originó su detención y la de otras siete personas en diciembre de 2014.
Rial Iglesias no tendrá que entrar en prisión, ya que la pena de seis meses de prisión que solicitaba el fiscal fue sustituida por el pago e una multa de doce meses con una cota diaria de 15 euros, lo que supone un total de 5.400 euros.
Ante una nube de periodistas y fotógrafos y tratando de tapar su rostro en todo momento, “el Pastelero” firmó el acuerdo de conformidad alcanzado previamente con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en función de la cual se le aplica la circunstancia atenuante de reparación del daño y se conforma una condena que implica seis meses de prisión y el pago de una multa de 248.009,73 euros, con 50 días de privación de libertad en caso de que no la abone.
No parece que vaya a ser el caso, ya que hasta el momento Rial Iglesias no ha mostrado ningún problema a la hora de pagar grandes cantidades de dinero para hacer frente a sus obligaciones con la justicia.
Reunir los 200.000 euros que le exigió la jueza para concederle la libertad bajo fianza tras su detención a finales de 2014 fue cuestión de días para Rial Iglesias, que también tendrá que indemnizar a la Axencia Tributaria con 381.553,44 euros por la cuota de la Seguridad Social defraudada y otros 59.121,32 euros por los intereses.
Además, Óscar Rial aceptó la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que asuma las costas del juicio, valoradas en 23.500 euros.
Un total de 658.454,7 euros que abonará “el Pastelero” para eludir la prisión y tras un acuerdo que le evita declarar por blanqueo de capitales.
Del mismo modo, se acordó el sobreseimiento de la causa contra otras siete personas a las que en un principio se les consideró testaferros.
La condena, que ya es firme, contempla que el vilagarciano pierda la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el periodo de dos años.
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica se inició tras detectarse una transferencia bancaria de un millón y medio de euros para comprar una mina en República del Congo. Por el momento, la causa por esta transacción sigue su curso contra un matrimonio vecino de Caldas de Reis.
Las autoridades investigan la procedencia de parte del dinero utilizado en la compra del yacimiento. El matrimonio caldense fue absuelto en la causa cerrada ayer en A Parda.