7º-16º
martes | 30 abril | 2024
Los abogados de Melisa Abelleira Castro y Ventura Lustres Miranda, condenados por el asesinato en junio de 2015 de la dominicana Yulisa Altagracia Pérez, anunciaron que apelarán contra la sentencia de la sección compostelana de la Audiencia Provincial, en la que se les impuso una pena de 19 y 18 años de cárcel, respectivamente, y el abono conjunto de una indemnización de 350.000 euros a los tres hijos, madre y hermana de la fallecida. Ambos letrados coincidieron en señalar que la ubicación de los teléfonos móvil no es una evidencia clara de que sus titulares estén allí. El defensor de Melisa, el compostelano Luciano Prado, indicó que a su clienta se la condenó por “simples indicios aislados” y que “en ningún caso son suficientes para condenar, pues se necesitaría una pluralidad mayor”. Y entiende que se trata de un asunto que constituye el claro ejemplo de lo que no debe ser juzgado por un jurado popular sino por un tribunal profesional. En todo caso, confía en que prospere la apelación pues considera que en ningún caso ha quedado acreditada su culpabilidad.
Por su parte, el abogado ribeirense Manuel Lampón, que defiende los intereses de Ventura Lustres, indicó que no comparte en absoluto la condena de su cliente, por entender que “carece de fundamentación sobre el contenido relativo a él acorde al sentir de las pruebas practicadas” y que a su juicio se han realizado “conjeturas” sin apoyarse en pruebas. El letrado, que calificó de “contundente” el recurso de apelación que presentará contra la sentencia dictada por el presidente de la sala “donde pondré de manifiesto la flagrante indefensión que le genera a mi cliente el contenido del veredicto”, y espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revoque dicha resolución judicial, como ocurrió en otros muchos casos con jurado popular.
La Audiencia Provincial, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado, tuvo en cuenta la agravante de abuso de superioridad de los dos condenados sobre su víctima, pues consideró que en el momento del ataque a Yulisa se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y drogas que la situaron en una clara situación de inferioridad, algo que consideró probado en base al testimonio del forense José Blanco Pampín, quien afirmó que la víctima tenía gran cantidad de alcohol, de drogas y de psicofármacos que la dejaron “en situación de indefensión”. El presidente del tribunal relata en la sentencia que los móviles de los dos acusados y el de la fallecida fueron ubicados en la zona y en la franja horaria en la que se cometió el crimen.
En la sentencia se hace constar que del delito de asesinato de Yulisa Altagracia son penalmente responsables los acusados Melisa Abelleira y Ventura Lustres “por haber ejecutado voluntaria, material y directamente los hechos enjuiciados (...) al haberse apreciado su culpabilidad en el veredicto emitido por el jurado, que entiende suficientemente desvirtuada la presunción de inocencia”. Y añade que aunque no se puede determinar quien asestó las 36 puñaladas, “cualquiera que sea la opción por la que nos decantamos en el binomio coautoría-cooperación necesaria, ha existido una decisión conjunta previa o simultánea, dirigida por un dolo compartido, con reparto de papeles, en los que los acusados deciden trasladar a Yulisa Altagracia Pérez a lugar apartado, engañada inicialmente (por Melisa), posiblemente por una deuda de droga, y darle muerte”. Del mismo modo, apunta que independientemente de quien causó las lesiones, ambos acusados han repartido papeles (traslado en vehículo, engaño e incorporación al grupo por parte de Ventura), “lo que permite intercomunicar las acciones desplegadas por cada uno, conforme al plan diseñado conjuntamente”.
Muerte lenta y agónica
El fallo judicial considera acreditado que Yulisa Altagracia “no falleció en el acto” y que su muerte fue “lenta y agónica” pues, además de que intentó defenderse de la agresión, su cuerpo presentaba hasta 36 heridas causadas por un objeto punzante. “La reiteración del acto de apuñalamiento se llevó a cabo de forma evidente para aumentar de forma deliberada y agravar el sufrimiento de la víctima”, según recoge dichadicha sentencia.
