La nueva ley de recuperación de tierras fija multas de hasta 3.000 euros por su abandono

Las infracciones graves pasan por el “abandono o infrautilización” de terrenos con una superficie entre una y diez hectáreas | AEC
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La futura ley de recuperación de tierras fija multas de hasta 3.000 euros por abandono de parcelas de más de una hectárea, que pueden alcanzar los 6.000 si el terreno es superior a las 10 hectáreas.

Así figura en el texto de este proyecto de ley con 144 artículos que busca recuperar tierras agraria (uso agrícola, ganadero y forestal). La tramitación de esta disposición corre a cargo del

PPdeG en el Parlamento.

En el apartado de sanciones, figuran infracciones de carácter leve (con multas hasta 600 euros), grave (601 a 3.000 euros) y muy grave (de 3.001 a 6.000).

Entre las sanciones leves están el abandono de fincas de una hectárea o menos, y la ocupación de terrenos del Banco de Terras en los que no exista cultivo.

Las infracciones graves pasan por: el “abandono o infrautilización” de terrenos con una superficie entre una y diez hectáreas; la ocupación de fincas del Banco de Terras con aprovechamientos forestales; la obstrucción a inspecciones y el suministro de información falsa.

Por su parte, la sanciones consideradas como muy graves, con multas hasta 6.000 euros, se estipulan para casos de abandono de más de 10 hectáreas o de un polígono forestal.

Los casos muy graves pueden tener castigos accesorios que pasan por: la inhabilitación durante dos años para ser adjudicatarios en el Banco de Terras, la publicación en el diario de mayor circulación de la provincia de la infracción con identidad de la persona sancionada y el decomiso de madera de especies retiradas por la administración en caso de ocupación ilegal.

Junto a esto, el texto aclara que, con independencia de las multas, las personas infractoras estarán obligadas a reparar el daño causado al patrimonio de las administraciones o a su indemnización por los perjuicios.

En la identificación de fincas abandonadas jugará un papel fundamental la investigación, con un “nuevo procedimiento” para el reconocimiento de fincas de titular desconocido y su pase al patrimonio de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

De este modo, la Xunta investigará la propiedad y, si concluye el proceso sin localizar a ese dueño, dispondrá de ese terreno para su gestión y puesta en valor mientras no aparece su titular.

 

Plazos

Así, se abrirá un plazo de cinco años para que, en el caso de que aparezca el propietario, acredite que lo es. En ese caso, el rendimiento de la tierra se le abonará a su titular. Pasados los cinco años, la Xunta se quedará con esa propiedad. A partir de ahí solo quedaría la vía judicial para su recuperación.

La propia Consellería de Medio Rural podrá iniciar de oficio esa investigación, aunque particulares también podrán hacer comunicaciones y denuncias para que se realice. De hecho, se estipula que debe informarse al denunciante sobre el inicio del procedimiento o su no admisión.

La provincia de Ourense, el interior de Pontevedra y la montaña de Lugo acumulan la mayor parte de los propietarios ilocalizables en Galicia. La estimación es que se puede llegar a movilizar más de 500.000 hectáreas que están abandonadas o infrautilizadas, con un impacto directo en el sector de más de 600 millones.

Además, se trabajará en la regulación del catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, “clave” para la ordenación.

La nueva ley de recuperación de tierras fija multas de hasta 3.000 euros por su abandono