La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra continuó ayer con el juicio de blanqueo contra José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y otros cuatro acusados. La tercera jornada de vista en este mes de octubre dio el protagonismo a los peritos, tras la toma de declaración de los acusados el pasado martes. Uno de los técnicos de Hacienda aseguró que algunos de los patrimonios ligados al entorno de Miñanco eran a su juicio injustificados.
En particular, el perito de la Agencia Tributaria se refirió a los bienes de la Inmobiliaria San Saturnino, una de las principales sociedades que se investigan y que el fiscal cree que pudo funcionar como pantalla para lavar dinero de la droga. 
Origen incierto
El técnico considera “injustificado” el origen del patrimonio de la mercantil y mantiene que “no había coherencia entre las rentas declaradas y el patrimonio inmobiliario”, señaló. Añadió, además, que “de repente, en esa sociedad se colocaron muchos bienes inmobiliarios”. 
“Otra cosa es que hubiera aportaciones que no aparecen en las cuentas, que hubiera activos ocultos”, sugirió. 
Sobre la posible relación de Miñanco con la inmobiliaria, indicó que era algo “notorio”, si bien no pudo precisar fuente alguna de esa notoriedad. 
De María Rosa Pouso, exmujer de Prado Bugallo, otra de las acusadas, sostuvo que sus ingresos eran “elevados” para la actividad que mantenía la inmobiliaria. De la hija mayor del cambadés, Rosa María Prado, afirmó que su ritmo de vida “no era muy congruente” con sus fuentes de ingresos. No obstante, todos los acusados —entre los que también se encuentra la excuñada de Miñanco y un constructor y para los que se piden 10 años de cárcel— trataron de dejar patente el martes diferentes vías de ingresos: Negocios inmobiliarios, cultivos de marisco y préstamos, entre otros.  
En cuanto a Miñanco, negó tajante que hubiese aportado nunca cantidad alguna a la inmobiliaria. 

Informes parciales
Con todo, el mismo inspector de Hacienda reconoció que la investigación patrimonial no fue exhaustiva, en tanto partía de un proceso de revisión más amplio, un informe centrado en unos 400 inmuebles de Cambados y otros 500 en Vilagarcía en el marco de la Operación Suntuarias, en las que se investigó al llamado clan de los Gerardos, además del entorno de Sito Miñanco. 
Justamente, el defensor del cambadés, Gonzalo Boye, insistió ayer en que aquellos informes eran “parciales”.
Las defensas siguieron una línea similar, subrayando que estos informes del técnico de Hacienda son más una “interpretación”  que una investigación detallada, al haberse practicado únicamente sobre los datos en poder de la Agencia Tributaria, sin llegar a analizar los datos bancarios y de patrimonio de los ahora investigados. El mismo perito admitió que no se utilizó para la elaboración de dichos informes ningún otro registro oficial, ni datos de cuentas bancarias, créditos o solicitudes de documentación extra a los encausados. 
Boye valoró que “no existe ninguna evidencia” de que el patrimonio de las acusadas provenga de su defendido. Por su parte, Alejandro Vega, abogado de María Rosa Pouso, afirma que lo expuesto confirmaría “que todo el patrimonio  de mi cliente está plenamente justificado”, acusando de “inexactitudes” a los informes periciales de Hacienda. 
Policía Judicial 
Ayer también declaró el Jefe del Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que explicó algunos detalles de las averiguaciones sobre una zona de suelo urbanizable en Sanxenxo, junto a la playa de Montalvo, relacionando otras empresas con la inmobiliaria San Saturnino. 
Las defensas, por su parte, llamaron a testigos como la persona que vendió un piso en 2008 en la zona a la excuñada de Miñanco, asegurando que no le entregó dinero a mayores del declarado a Hacienda, “ni por delante, ni por detrás, ni por un lado”. 
El juicio se retomará el próximo lunes, con las aportaciones de nuevos peritos. l