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sábado | 20 abril | 2024
La Xunta destinará este año cerca de 40 millones en ayudas para la rehabilitación de viviendas, que favorecerán a 6.300 familias y provocarán una “inversión inducida” de 58 millones de euros.
Así lo destacó en el Parlamento gallego la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien recordó que la Xunta trabaja en la primera ley de rehabilitación de Galicia, con especial atención a cascos históricos, con el objetivo de impulsar y agilizar actuaciones, así como facilitar la “simplificación” administrativa.
En cambio, la oposición cargó contra la baja ejecución de las políticas de rehabilitación y vivienda de la Xunta, pues asegura que se quedó en torno al 15% en 2016.
De hecho, Antón Sánchez (En Marea) reprochó que la vivienda y rehabilitación son “sistemáticamente los indicadores de menor ejecución año tras año con gobiernos de Feijóo”. “Viene a hacer autobombo y nada más”, espetó a la conselleira.
Tendencia cero
Sobre este extremo, María Pierres (PSdeG) criticó que la Xunta tan solo destina el “0,024%” de su presupuesto a esta materia, “lo mismo que tendencia cero”, que “es igual a nada”. Luís Bará (BNG) reclamó “menos botafumeiros y más realidades”, ante el “retraso” y “baja ejecución” de medidas, por lo que exige un “plan de choque”.
Sin embargo, Ethel Vázquez aseguró que “Galicia es un referente en rehabilitación”, y subraya que en 2016 hubo ayudas por 17 millones para 3.700 familias.
A petición propia, Ethel Vázquez desgranó esos cerca de 40 millones en rehabilitación –en los que se incluyen 10 millones al fondo de cooperación local, con préstamos a interés cero a ayuntamientos–. Aquí se incluyen, por ejemplo, 12 millones para las 70 áreas de rehabilitación integral, con una apuesta “intensa” en el Parque Nacional das Illas Atlánticas. También explicó que para el programa Re-Xurde se otorgan 3,5 millones, para el arreglo de viviendas en cascos históricos de municipios como Betanzos, Ourense, Mondoñezo y Lugo –en donde saldrán a licitación cinco actuaciones en A Tinería por un importe de 800.000 euros–.
También llamó la atención sobre la “nueva medida social”, llamada Realuga, para rehabilitación con destino a alquiler social, en donde el propietario se compromete a incluir su vivienda en el programa para poner en uso aquellas que están vacías.
