Suman un delito de agresión sexual a la causa abierta al dueño de un club de Meis por trata

Imagen de archivo de los juzgados de Cambados | gonzalo salgado
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Los juzgados de Cambados instruyen el caso del gerente de un club de alterne de Meis que fue detenido en 2018 acusado de obligar a prostituirse a tres mujeres de nacionalidad venezolana que fueron liberadas por el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Guardia Civil de Pontevedra. El trámite judicial continua y ya existe un procedimiento abreviado abierto contra el hombre, que está siendo investigado por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; tres por trata de seres humanos; otros tantos de prostitución y uno por agresión sexual.


Temor a ser expulsado

El procesado, de nacionalidad brasileña y que en el momento de los hechos tenía 33 años, fue arrestado como gerente del club Pigalle, ubicado en Meis, donde también residiría. En su momento, el juzgado de instrucción número 3 de Cambados decretó su ingreso en prisión preventiva bajo una fianza de 12.000 euros que habría abonado, procediéndose a su puesta en libertad provisional con la exigencia de comparecer cada día 15 días y de entregar su pasaporte. De hecho, en verano del año pasado solicitó la devolución o su envío a la oficina de Extranjería para poder renovar su permiso de residencia en España.


El juzgado informó al mismo organismo de la medida cautelar vigente y el investigado recurrió en apelación ante la Audiencia de Pontevedra, que rechazó su recurso. En su auto argumenta que no puede abrigar “ningún temor racional” a ser expulsado del país, como expuso, por la “razón da súa afectación e da pendencia da resolución da súa presunta responsabilidade delituosa”. La Fiscalía también se había opuesto.


El hombre fue arrestado en 2018 bajo presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por obligar a prostituirse bajo “coacciones y amenazas” a tres mujeres que habría traído engañadas desde Venezuela. Las víctimas, de entre los 18 y 24 años, fueron liberadas por la Guardia Civil y llevaban tres meses en España en situación irregular cuando, en la noche del 9 de julio, agentes del Emume acudieron al burdel tras conocer –a través del puesto de Cambados– de que habría dos mujeres sometidas a explotación sexual.


Engaños

Las jóvenes declararon que les había prometido venir a trabajar a un hotel como “camareras, haciendo camas y limpiando habitaciones”. Sin embargo, al llegar al local, el propietario supuestamente les reclamó 3.000 euros en concepto de deuda por los billetes y los gastos del viaje; una cantidad que podían devolver “poco a poco y que aún así les sobraría poder enviar dinero para mandar a su país y ayudar a sus familias”, según explicó en su día la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Además, según los investigadores, estaban obligadas a prostituirse en jornadas de hasta 11 horas consecutivas y hasta el extremo de ser “penalizadas económicamente” cuando no trabajaban, incluso enfermas, recibiendo únicamente “una comida al día” y solo podían salir “esporádicamente”. Tras ser liberadas fueron trasladadas a centros de acogida.


El Pigalle había sido motivo de al menos dos inspecciones anuales en los últimos cinco años, de las que habían resultado delitos de contrabando y consumo de drogas. El propio dueño, que reside legalmente en Meis, tiene antecedentes penales, según la responsable del Emume, Lucía González,, que tras la operación compareció junto a Larriba y el coronel de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González. 

Suman un delito de agresión sexual a la causa abierta al dueño de un club de Meis por trata