La trampa de última hora que se inventó Pedro Sánchez

Al final, eso de que las comunidades autónomas tenían mecanismos legales suficientes para restringir los derechos de los ciudadanos tras el decaimiento del estado de alarma tenía trampa. Lo dijo Sánchez y lo repitieron a coro todos cuantos ministros eran interrogados sobre la cuestión. Y, por supuesto, o mentían o no tienen ni idea de la legislación española. Al final, el Gobierno ha aprobado un decreto para que las comunidades pueden limitar sus derechos fundamentales tras el nueve de mayo y lo hace permitiéndoles que puedan recurrir al Tribunal Supremo, que será el órgano judicial que tenga la última palabra sobre las posibles denuncias de los ciudadanos, pasando por encima de las audiencia territoriales que, hasta ahora, eran las que se encargaban de estos asuntos. Una jugada que, en el fondo, supone de nuevo que Sánchez se quita de encima el muerto de determinar lo que pueden hacer o no los ciudadanos. Ahora tendrán que apoyarse las comunidades y el Supremo. Y él, como siempre, libre de polvo y paja.