La ley de “Riders” ¿Fin de los falsos autónomos?

El 12 de agosto es la fecha límite para regularizar la situación de más de 18.000 trabajadores para que dejen de ser “falsos autónomos” | Cedida por Inter Asesoría
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Con la aprobación de la ley “ riders”, en el real decreto ley 9/2021 publicado en el BOE el pasado mes de mayo, fruto de un acuerdo del Ministerio de Trabajo, sindicatos y las patronales el pasado 10 de junio ha sido validado en votación en el Congreso de los Diputados.

Este Real Decreto ley va dirigido a los falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto, pero la nueva normativa va más allá de las empresas de reparto como pueden ser Uber Eats, Deliveroo o Glovo, Amazon y los call centers.

En esta norma se contempla la obligatoriedad de que los repartidores de compañías de entrega de pedidos a domicilio pasen a ser asalariados y no trabajadores por cuenta propia, con la aprobación de la ley se les confiere a las empresas un plazo de 3 meses (hasta el 12 agosto) para regularizar la situación.

La aprobación de esta ley añade un matiz con una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier mercancía o producto, cuando la empresa ejerza en los trabajadores facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica de los servicios o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital de control.

Con esta nueva disposición la empresa está obligada a detallar como funcionan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial utilizados que incidan en las condiciones laborales que rigen las compañías. Se recoge en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos, por tanto, va a influir en todas las compañías que utilicen este tipo de sistemas, con independencia del sector en el que se encuentre.

Con ello abre la puerta que se incluyan trabajadores con contratos mercantiles y representantes comerciales que realmente están distribuyendo un producto entre clientes y los call center que a pesar de no ser empresa de reparto las empresas si realizan el control a través de sistemas digitales donde se registra las llamadas que reciben y éxito de las mismas ya que esta información se tiene en cuenta para despidos en el caso de no llegar a objetivos.

12 de agosto es la fecha límite para regularizar la situación de más de 18.000 trabajadores para que dejen de ser “falsos autónomos”, las compañías estudian fórmulas para evitar hacerlos asalariados a través de ETT o empresas subcontratadas, los trabajadores afectados rechazan este tipo de fórmulas debido a la precariedad con jornadas de hasta 15 horas semanales y retribuciones mínimas.

La norma deja un vacío en las empresas donde no se cuente con un comité ya que, en la literalidad de la misma, si no hay representación de trabajadores no se tiene derecho a conocer los mecanismos que aplica la compañía, con lo que conlleva a que las empresas que van a ser afectadas son principalmente entidades de tamaño medio y grande.

Los sectores más afectados suelen ser agencias de marketing, transporte, medios digitales, cárnicas, aseguradoras, comerciales, arquitectura, abogacía y otras profesionales liberales, sector inmobiliario, servicios sanitarios, construcción entre otros lideran la cifra de trabajadores dados de alta como autónomos de manera irregular.

Una vez aprobado en el Congreso y su tramitación como proyecto de ley a partir de este momento los partidos políticos pueden presentar y debatir enmiendas a la regulación.

Paralelamente otra de las noticias a nivel laboral de las últimas semanas es el anuncio por parte la ministra de trabajo Yolanda Diez de la aprobación inminente de la subida del SMI que tal y como habíamos tratado en artículos anteriores se había pospuesto hasta mediados de año debido a la crisis del Covid-19, dicha subida está contemplada por orden y mandato de la Unión Europea y recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, en las próximas semanas se hará público el importe que se espera que se apruebe con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, a esta negociación no se han sumado las patronales de empresarios, por lo tanto nos encontramos a la espera de si la ministra Yolanda Diez le gana el pulso a la ministra de economía Nadia Calviño que ve prudente posponer la subida del salario mínimo.

*Asesora Laboral en
INTER Asesoría

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