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viernes | 19 abril | 2024
La defensa de los acusados relacionados con el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenidos a bordo del remolcador Titán III en agosto de 2018, entre las islas de Azores y Funchal, pidió ayer la nulidad de gran parte de la investigación policial por supuestas irregularidades en el proceso. Ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra, los abogados impugnaron la información de diversas escuchas telefónicas, registros o incluso la declaración de los acusados en sede judicial, alegando que se hicieron irregularmente. Advirtieron además, entre otras cuestiones, que la localización y seguimiento del buque de bandera panameña se hizo sin amparo judicial, o que España no tenía autoridad para abordarlo en aguas internacionales. Esta cuestión sería la única que podría derivar en la suspensión del juicio y el tribunal se pronunciará antes del 20 de septiembre.
Las defensas de los acusados, que coincidieron en gran parte de sus exposiciones previas, alegaron también indefensión de sus clientes, al denunciar que no tuvieron acceso a todos los autos y actuaciones realizadas en el procedimiento judicial. Todas estas cuestiones, defendieron, provocaron una obtención de “pruebas ilícitas” y sin ellas hay un “vacío probatorio” contra ellos, y consideran que el juicio debe suspenderse.
El fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, rechazó tales pretensiones al entender que son protestas “intempestivas” y aseguró que ninguno pudo concretar a qué parte de la causa no pudo acceder. Sus impugnaciones, según Varela, “no son admisibles” al contener cuestiones “genéricas” o basarse en actuaciones que sí contaban con autorización judicial, porque la investigación “no está basada en suposiciones” sino en la existencia de “indicios confirmados” de criminalidad”.
Respecto a la falta de autoridad de la justicia española, subrayó que todas las medidas aprobadas sobre el buque se adoptaron en aguas españolas y sostiene que hay un “abanderamiento ficticio” en Panamá cuya relación “no está acreditada”, ya que solo se asoció a dicho país “para desconectarse de cualquier actuación de las autoridades españolas” y este tampoco ha reclamado su autoridad sobre el mismo.
La presidenta magistrada del tribunal señaló que de todas las cuestiones presentadas por las defensas, la única que podría derivar en la suspensión del juicio sería la relativa a la jurisdicción del barco y adelantó que su decisión será comunicada a las partes antes del 20 de septiembre, fecha prevista para la continuidad de la vista oral con las declaraciones de los acusados. De los 21, uno falleció y otros dos no se sentaron ayer en el banquillo tras recibir permiso del tribunal para ausentarse durante la exposición de cuestiones previas al juicio.
Cabe recordar que el Ministerio Público solicita para todos ellos penas de entre nueve y trece años y medio de prisión como autores de un delito contra la salud pública y multas que oscilan entre los 200 y 340 millones de euros. La droga, que según los investigadores habría alcanzado un precio de mercado de casi 60 millones de euros, iba a ser repartida entre tres organizaciones de narcos gallegos, que formaron una alianza para introducir el cargamento en España por vía marítima.
En esta operación fueron detenidas e investigadas inicialmente una treintena de personas, si bien se archivaron las diligencias contra nueve de los acusados, entre ellos el histórico narcotraficante Manuel Charlín y uno de sus hijos. De los 21 acusados que llegaron a juicio, según la Fiscalía, seis eran los encargados de coordinar los contactos, diez eran los responsables del cargamento y de su entrada en España y cinco eran los que tenían como trabajo controlar el transporte transoceánico. Todos ellos, “estructuraron” sus organizaciones con un esquema “piramidal”, de modo que sirviesen a la “finalidad común” de participar en las “ingentes ganancias económicas” que supondría comercializar la droga. Su actuación “no se limitó a una única operación”, añade el fiscal, “sino que aunaron sus esfuerzos guiados a trabar contactos con terceros que les pudieran posibilitar distintas vías de introducción de estupefaciente con varias alternativas de transporte”.
El abordaje del remolcador Titán III frustró esta operación que las autoridades llevaban meses investigando y que supuso inicialmente la detención de los cuatro tripulantes del barco y la incautación de la droga. Un segundo barco, el pesquero Sempre Cacharelos, que estaba a unas 110 millas del punto de encuentro “concertado” para el trasvase de la droga y que debía llevarla a tierra, fue interceptado al día siguiente mientras faenaba para enmascarar su singladura.
A partir de ahí, fueron detenidas el resto de las personas ahora investigadas, colaboradores en mayor o menor medida de esta operación.
