El exjefe de la Policía Local de A Illa, Miguel Varela, denuncia acoso laboral en una causa abierta en el Juzgado de lo Social nº 3 de Pontevedra contra el Concello insular. Además, acaba de ganar, parcialmente, otra batalla judicial en vía contenciosa. 

En esta última, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra estima algunas de las demandas del agente. Así, acredita su derecho a conocer los criterios objetivos fijados para valorar la asignación del complemento de productividad de los agentes del Cuerpo y que “foron negadas á miña persoa en ata dous exercicios consecutivos”, los de 2021 y 2022, explica el agente, que ahora presta servicio en Pontevedra. 

También estima su derecho, entonces como jefe de la Policía de A Illa, a conocer los contenidos adoptados en la junta local de seguridad local del 28 de junio de 2022. Igualmente, el fallo declara nulo de pleno de derecho el cuadrante de servicios y horarios de los agentes del 18 de enero 2022, elaborado por entonces concejal de Tráfico y Seguridad, ahora alcalde, Luis Arosa. La Justicia avala que es legalmente posible que el regidor, o el concejal delegado, “corrija, subsane o complete las decisiones del Jefe” de la Policía en esta materia, pero “no cabe que el mismo sustituya totalmente” las atribuciones del jefe policial, entre las cuales estaría la elaboración de estos cuadrantes de turnos. 

La sentencia, sin embargo, desestima lo solicitado por el demandante en cuanto a concesión de días de permiso y vacaciones y tampoco se pronuncia favorablemente a la imposición de 30.000 euros por daños y perjuicios.

Cambio de jurisdicción

En la sentencia, se evita entrar también al fondo del asunto sobre la denuncia por supuesto acoso laboral. El Concello había razonado en su defensa la incompetencia de jurisdicción, al planatearse tal cuestión ante un juzgado de lo contencioso administrativo. 

Así, el órgano judicial estima aquel argumento, señalando expresamente que aquella otra cuestión, la causa por el supuesto acoso laboral, se sigue ante el Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra, pendiente de pronunciamiento. 

La sentencia de lo contencioso ha adquirido firmeza, ya que el Concello no la recurrió.